Acusado del delito de secuestro, el sujeto ya estaba preso pero un juez ordenó su libertad.
Entonces el Ministerio Público apeló, se inconformó, pues; el juez (¿el mismo u otro?) determinó que fuera recapturado, la policía lo detuvo, de nuevo fue encerrado y al cabo sentenciado a cien años de prisión, prácticamente cadena perpetua.
Aunque de otra manera, este caso fue resumido así: 64 presuntos delincuentes fueron liberados por once jueces “se analizará” la actuación de éstos.
¿Qué se insinúa? ¿Dinero de por medio? Grave el señalamiento, lo es por sí mismo, “y político”, podrían argumentar los juzgadores sospechosos de ser corruptos, debido a la proximidad del cambio de presidente (a) del Tribunal Superior de Justicia.
De la manera que sea, el tema da lugar a esta historia: A mediados de los noventa, en Cuautla la empresaria Carmen Genis, que tenía una agencia de viajes, se convirtió en una activista social que documentó docenas de casos de cuautlenses secuestrados, la mayoría comerciantes.
Rota la “regla” de que una persona secuestrada no volvería a serlo, hubo familias que sufrieron más de uno.
Morelos fue marcado con el estigma del secuestro, personas pudientes se fueron a vivir a entidades consideradas seguras, los secuestradores inhibieron las inversiones, ahuyentaron la llegada de capitales foráneos.
El antes y el después de aquella época aciaga fue marcado por una noticia que hasta la fecha muchos morelenses no olvidan: El mediodía del 28 de enero de 1998, Armando Martínez Salgado, el coordinador operativo de la Policía Judicial, fue asegurado por oficiales de la Policía Federal de Caminos en la autopista Cuernavaca-Iguala, cerca del poblado El Platanillo.
Acompañado de tres agentes a sus órdenes, oculto en el reducido espacio entre la parte trasera del asiento y la lámina de la caseta llevaban el cadáver de un secuestrador llamado Jorge Nava Avilés y apodado “La Mole”.
El cuerpo mostraba huellas de tortura, y los judiciales habían parado ahí para darle el clásico “carreterazo”.
La Procuraduría General de la República los acusó de estar coludidos con bandas de secuestradores, así que fueron recluidos en el penal de máxima seguridad de Almoloya.
Renunciaron el procurador de justicia, Carlos Peredo Merlo, y el director de la PJ, Jesús Miyazawa Álvarez.
Tres meses después, cayó de la gubernatura el priista Jorge Carrillo Olea… En agosto de 2015, falleció el ex coordinador de la Policía Ministerial de Morelos, José Agustín Montiel López.
Se dijo que hacía una década que padecía cáncer.
El ex colaborador del gobierno de Sergio Estrada Cajigal Ramírez murió a los 78 años en el estado de Hidalgo, donde cumplía sentencia domiciliaria desde el 20 de julio de 2013 cuando salió del penal del Altiplano.
Había estado ocho años en la cárcel, luego de que en abril del 2004 fuera detenido junto con su director operativo, Raúl Cortés Galindo, al acudir a una cita en la Procuraduría General de la República (PGR).
El ex jefe policiaco y Cortés fueron acusados de brindar protección a Juan José Esparragoza, “El Azul”, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, así como de custodiar cargamentos de droga que llegaban al aeropuerto Mariano Matamoros.
Debido a ello, el 15 de agosto del 2008, Agustín Montiel fue sentenciado a 33 años de prisión y una multa de 603 días de salario mínimo, por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de colaborar al fomento para comercio y transporte de cocaína.
Mientras, Cortés recibió una condena de 23 años de cárcel y una multa de 353 días de salario mínimo.
No obstante la sentencia de 33 años de prisión que recibió, de la cual sólo cumplió ocho, Montiel salió libre el 20 de julio del 2013, condicionado a prisión domiciliaria por su avanzada edad y estado de salud deteriorado.
A veces las historias se repiten… (Me leen mañana).
Por: José Manuel Pérez Durán / jmperezduran@hotmail.com