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La noticia le da la vuelta al mundo, sale en la televisión, la radio y los periódicos, vuela en el espectro de las redes sociales. No es para menos. Refiere cadáveres enterrados clandestinamente, muchos, más de cien. Ese es el tratamiento de la nota, sobre una acción ilegal. Lunes. En el lugar de los hechos hay periodistas de medios locales y nacionales, unos cincuenta. Pasado el mediodía la espera desespera, respira polvo, asfixia el calor, huele a sudor. Reporteros y camarógrafos cubren en tiempo real el inicio de las exhumaciones que más tarde serán pospuestas para el martes, y otros periodistas anotan datos para los textos que publicarán el día siguiente. En países de Europa y Sudamérica, la imaginaria colectiva frente al suceso inaudito de tantos cuerpos es achacado al crimen organizado. Algo que resulta natural, porque allá y más lejos aún recuerdan la fuga y la recaptura de Joaquín “El “Chapo” Guzmán, el narcotraficante más renombrado de este lado del planeta, y como leen, ven y escuchan sobre la violencia de Acapulco, que también es famoso en todo el mundo, de México tienen el concepto exagerado de un país totalmente dominado por la violencia del tráfico de drogas. En este caso, el acontecimiento atrae la atención de millones, genera preocupación, produce morbo. Sucede en un predio rural de la provincia mexicana, Tetelcingo, una comunidad indígena del municipio de Cuautla, indicada la ubicación por los cables internacionales a cien kilómetros de una de las ciudades más aglomeradas del orbe, la de México. Y los nombres, algunos de ellos solamente: el del fiscal llamado Javier Pérez Durón, quien por angas o mangas ha llegado tarde a la cita; del rector de la universidad de la provincia llamada Morelos en honor de uno de los libertadores mexicanos que se nombra Alejandro Vera Jiménez, y el activista que tiene por nombre el de Javier y se apellida Sicilia. Los dos se dejan retratar, dan entrevistas, argumentan, reclaman, parecen disfrutar del protagonismo, de volver a  tener minutos de fama. También se hallan presentes María Concepción Hernández y Amalia Alejandra Hernández, madre y tía de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, el joven cuyo cuerpo, pese a estar identificado, fue inhumado en la fosa común hace catorce meses. La palada del trascabo equivoca el sitio, ahí no están los restos mortales pero de alguna manera surge el número: ciento dieciséis cadáveres. Observadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de organizaciones civiles, familiares de desaparecidos y trabajadores de medios de comunicación masiva atestiguarán que los cuerpos sean tratados con dignidad, que sea transparente y profesional el trabajo de los técnicos del Servicio Médico Forense. Sin embargo, la labor será inevitablemente penosa. Explica el Fiscal: “Ya se encontró (la fosa), ahorita van a echar 30 centímetros (de tierra) y mañana inician los trabajos; sí hoy por acuerdo se echan 30 centímetros, se deja preparado; ya se encontraron los cuerpos y se empieza a proceder”. Calcula que el tiempo de los peritos para trabajar un cuerpo es de entre 40 y 60 minutos, explica que una vez realizada exhumación son lavados, les toman las muestras, les ponen el número de carpeta y  los suben a la camioneta que los trasladará al panteón Jardines del Recuerdo, ahí mismo, en Cuautla. El proceso para lograr las identificaciones será largo, forzoso el rigor científico y obligado el marco de la transparencia. ¿Quiénes son? ¿Personas que murieron asesinadas o en accidentes de tránsito, mujeres y hombres que tuvieron una muerte natural, que vivían en Morelos o en otras entidades, que aquí estuvieron o fueron traídas a la fuerza y siguen siendo buscadas por sus madres, padres, hermanos, esposas y esposos? Pasará tiempo para que se sepa, incluso con los 88 cuerpos de los que las carpetas de investigación de marzo de 2014 señalan muestras genéticas enviadas a la  División Científica de la Policía Federal en cuyo banco de datos  no coincidieron con cadáveres reclamados. Y otro elemento asimismo importante: el deslinde de responsabilidades que apunta a otros funcionarios de la Fiscalía y al ex fiscal Rodrigo Dorantes Salgado, pues principalmente responsable fue él del trabajo de esta dependencia en los días en que los  cuerpos fueron depositados en la fosa irregular de Tetelcingo que hoy tiene a Morelos en la noticia mundial… ME LEEN MAÑANA.

 

Por: José Manuel Pérez Durán / [email protected]