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Cuernavaca, Morelos.- Como inviable calificó el diputado federal por Morelos, Javier Bolaños Aguilar, la reforma que su similar local, Francisco Santillán Arredondo, propone para modificar el marco jurídico estatal con el propósito de que servidores públicos que no acaten recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) sean sancionados.
El legislador federal señaló que la iniciativa resulta, de entrada, inconstitucional, pues va en contra del espíritu con el que estas instituciones están plasmadas en la Carta Magna.
El artículo 102 de la Constitución señala que las comisiones de derechos humanos “formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas”, y aunque también indica que “todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos”, no establece que puedan ser sancionados, administrativa, económica o penalmente, como pretende el diputado por Nueva Alianza.
Bolaños Aguilar indicó que coincide con el legislador local en que hay que buscar la forma en que las instancias que son observadas o reciben una recomendación, la atiendan de manera puntual.
Pero, en todo caso, el Congreso deberá ser más activo y cumplir también la parte que le corresponde en dicha vigilancia, pues la Constitución también señala que cuando un servidor público no cumple una recomendación de la  CDHEM, éste puede ser llamado por los diputados para explicar el porqué de su 
negativa.
“(…) la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa”, dice el ordenamiento.
El diputado Francisco Santillán propuso que se reforme la Ley de Responsabilidad Administrativa para el Estado para establecer que la desatención de recomendaciones sobre el respeto de derechos humanos será motivo de responsabilidad administrativa.
Asimismo, plantea que se adicione la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado para que los ciudadanos sean indemnizados por violaciones a sus derechos humanos.

ANTONIETA SÁNCHEZ
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