El gobierno de México ha expresado su malestar y protesta ante la embajada de Estados Unidos en nuestro país. ¿El motivo? Un grupo de poderosos empresarios regiomontanos solicitó la intervención del más alto nivel de la administración del presidente Enrique Peña Nieto porque de manera extralegal estaban siendo citados por un funcionario del consulado americano en Monterrey que los interrogaba y los amenazaba con quitarles la visa.
Se trata de hombres de negocios con una trayectoria conocida en Nuevo León quienes fueron convocados al consulado para rendir cuentas sobre las obras de infraestructura que sus compañías constructoras habían realizado durante la gestión del ex gobernador Rodrigo Medina, quien es investigado por Estados Unidos por corrupción y lavado de dinero.
Según el extrañamiento que hizo llegar el gobierno de México a la embajada que encabeza Roberta Jacobson, los empresarios regiomontanos eran citados al consulado por un funcionario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos. 
Una vez ahí, en plan interrogatorio judicial, el funcionario americano les exigía declarar cuánto habían dado en “mordidas” al ex gobernador Medina o a alguien de su entorno. Y que si no confesaban estos actos de corrupción, les quitarían la visa.
Una diligencia de esta naturaleza carece de toda formalidad jurídica y puede considerarse un ejercicio extrajudicial, extraterritorial, de franco intervencionismo. Se inscribe en la soberbia y los aires de superioridad que la llegada de Trump al poder ha inyectado en algunos ciudadanos y funcionarios de su país, con profundos sentimientos de racismo y xenofobia. En todo caso, debía Estados Unidos solicitar la cooperación mexicana o, si no le tiene confianza, sencillamente esperar a que los empresarios en cuestión cruzaran a su territorio –cosa frecuente– para realizar la diligencia.  
Una veintena de constructores regios presentaron su queja informalmente al gobierno federal de México, a través de sus interlocutores de primer nivel en el gabinete presidencial. Se quejaron de que son empresarios que no se “inventaron” en el sexenio de Medina, sino que llevan décadas en sus compañías. Muchos de ellos tienen incluso operaciones en territorio estadounidense y les preocupaba mucho que esto pudiera afectar sus negocios y su fama pública. 
Todo esto me fue revelado por fuentes federales de primera línea.
La comunicación entre el gobierno del presidente Peña y la embajada que encabeza Jacobson ha sido extraordinariamente buena desde que ella fue nombrada en tiempos de Obama. La consideran una aliada de México frente a las dificultades que experimenta la relación bilateral ahora con Trump. 
Según fuentes de la embajada, el funcionario del consulado en Monterrey ya fue puesto en orden por rebasar los límites de su gestión, y la representación diplomática comunicó al gobierno mexicano que el asunto está resuelto y no deben repetirse este tipo de acoso.

Por: Carlos Loret de Mola A. / [email protected]

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