La obra del Congreso del Estado
La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, señala en su artículo 3 que se consideran obras públicas, los trabajos que tengan por objeto la construcción de bienes inmuebles que formen parte del patrimonio del Estado o de los municipios; y en su artículo 6, señala que las obras públicas que se realicen con recursos propios, se sujetaran a las disposiciones de esta Ley.
Lo anterior viene a colación motivado por el círculo vicioso que siempre enfrentan las autoridades en sus tres niveles de gobierno: Primero “Difícilmente se adquieren recursos económicos para obras públicas”; “Con mayor dificultad las autoridades definen en donde gastar el dinero público” y finalmente, “En un caos total, nadie quiere saber a quién le toca supervisar el buen gasto de los recursos de todos”.
Por lo anterior, hablar de la obra pública se convierte en un galimatías porque nadie sabe nada y todos hacen su trabajo bien hecho, lo cual se demuestra por los pocos o nulos resultados de las investigaciones a los ejercicios de las administraciones pasadas que siempre están en entredicho.
Sin embargo, el presente comentario no va dirigido a las obras públicas en general, hoy queremos referirnos de manera específica a una obra pública de la pasada administración estatal, que por su envergadura adquiere una especial importancia y nos referimos al nuevo recinto del “Congreso del Estado de Morelos”.
El edificio ubicado en la Calle de Matamoros del Centro Histórico de Cuernavaca, albergó al Congreso del Estado desde finales de los 70’s hasta el 2018, ocupó un espacio destinado originalmente a teatro, por lo que su adecuación para Recinto Legislativo no fue la más adecuada y los ocupantes la sufrieron durante los cuarenta años que fue utilizada para este fin.
Por lo anterior, la construcción de un nuevo recinto legislativo acorde a las necesidades actuales, no estaba fuera de lugar; sin embargo, la definición y construcción del proyecto deja mucho que desear y pone en entredicho a todos los participantes en este proyecto.
La administración estatal pasada, solicitó el apoyo técnico a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Morelos para que realizará un proyecto arquitectónico acorde a las necesidades del actual Congreso del Estado, para lo cual, proporcionó un predio recientemente adquirido con una superficie aproximada de más de 13,000 metros cuadrados, el cual se ubica en la Calle Dr. Guillermo Gándara casi esquina con Calle Del Parque y con un pequeño frente a la Calle Adolfo López Mateos, de la Colonia Amatitlán de esta ciudad capital.
El predio se ubica en una zona con un entorno complicado, ocasionado por un gran flujo vehicular que circula en la Calle Adolfo López Mateos y la Avenida Plan de Ayala, tiene frente a la calle Dr. Guillermo Gándara que ha mantenido a través de los años solo un sentido de circulación de sur a norte, con la finalidad de apoyar el gran conflicto vial que se genera en las dos importantes vialidades que la circundan; situación que con la construcción de este importante edificio fue modificada sin ninguna justificación lógica, quitando la lógica circulación de un solo sentido a dos sentidos, lo que genera un caos vial en su intersección con la Avenida Plan de Ayala, ya que no se cuenta con normatividad vial alguna, tal pareciera que es una calle propiedad de los Diputados de Morelos y que ellos pueden circular como quieran y por donde quieran, sin respetar semáforo alguno y poniendo en peligro a la ciudadanía de Cuernavaca.
El predio se ubica en una zona de conflicto vial como se ha señalado y cuenta con un uso de suelo Habitacional H1, cuya normatividad prohíbe la construcción de “Oficinas de gobierno federal, estatal y municipal”, tanto en el “Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población del Municipio de Cuernavaca” (PDUCP), como en el Programa de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal en su modalidad de Centro de Población de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec” (POZCI), ambos vigentes a la fecha.
Como podemos observar el proyecto nació mal, una ubicación inadecuada por su estructura vial, una zonificación prohibida por los documentos normativos en materia urbana y la ubicación misma del predio en una zona de no fácil acceso, aun cuando es un equipamiento tan importante para la población y que los Diputados llaman “La casa del Pueblo”.
En lo que respecta al proyecto arquitectónico de la sede del legislativo, la Facultad de Arquitectura fue la encargada de su formulación y presentó diez ideas de anteproyecto, de las cuales tres fueron las seleccionadas y de ellas salió el proyecto definitivo, el cual, de acuerdo a comentarios del Director de la Facultad de Arquitectura, no fue respetada la idea original y se realizó un proyecto muy alejado al presentado por la institución, situación que no pudo ser corregida, debido a que el Gobierno del Estado no encomendó la supervisión de la obra a la misma Facultad de Arquitectura, quien cuidaría que se respetara el proyecto original y se realizara una buena ejecución de la obra.
En términos generales, el Congreso es un edificio de cinco niveles que cuenta con 30 oficinas para los Diputados, salón de plenos y salón de comisiones, así como dos niveles de estacionamiento para los usuarios y todas las áreas operativas de un equipamiento de esta envergadura; así como la construcción de cuatro casas en una orilla del terreno que se utilizan como oficinas administrativas.
En visita realizada al recinto legislativo por integrantes de la Academia Nacional de Arquitectura, Capitulo Morelos, pudimos darnos cuenta de diversas situaciones que ponen en entredicho la construcción de un edificio tan importante para la vida de Morelos, el cual podemos dividir en los siguientes aspectos:
Proyecto arquitectónico: Es un edificio mal ubicado en su orientación oriente poniente, lo que produce grandes ganancias térmicas (es un invernadero al interior) que encarecen la operatividad del edificio, no se cuenta con ventanas que permitan la ventilación de los espacios; es una solución arquitectónica con muchos espacios perdidos y muertos, con pasillos que no van a ningún lado; no se cuenta con un acceso principal debidamente reconocido; las escaleras no cumplen con los anchos mínimos reglamentarios y faltan barandales; existen alturas de plafones que no cumplen con el reglamento de construcción de Cuernavaca; la “Casa del pueblo” no cuenta con estacionamiento público para visitantes y en términos generales el edificio presenta una fachada muy pobre en diseño.
Sistema constructivo: Después de casi un año de ocupado el edificio, se reconoce que no está terminado al cien por ciento; existen fallas de supervisión en la ejecución cuando observamos tuercas flojas que pueden ocasionar fallas estructurales; se debe revisar el cálculo estructural para determinar que no se encuentre al límite de su resistencia; existen innumerables fisuras en los muros de contención y filtraciones de agua; se observa el uso de materiales posiblemente flameables como alfombras y bajo alfombras; en general, la calidad del trabajo de la obra deja mucho que desear.
El ejecutivo del estado en funciones de la pasada administración, inauguró la nueva sede del congreso del estado el 28 de febrero del 2018, proyecto sin terminar y reportado con un avance del 95 %; a la fecha octubre del 2019 la obra está en funciones desde hace 20 meses, sin haber sido terminada y nadie sabe cuándo se terminará, no se cuenta con un juego de planos del proyecto ejecutivo, por lo cual no se pueden realizar correcciones a las deficiencias encontradas.
El pasado 30 de noviembre del 2018, la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables A. C. informó a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso, que la obra del Recinto Legislativo del Estado no estaba terminada y no es posible realizar un análisis, debido a que no se cuenta con información completa porque no se tienen los planos del proyecto ejecutivo, sin embargo, se detectaron sobrecostos del 25% al presupuesto original, pasando de 390 millones 953 mil 420 pesos a 487 millones 967 mil 662 pesos, cantidad que se verá incrementada por los costos que se tendrán que erogar para poder terminar la obra inconclusa que dejo la anterior administración estatal.
Sin embargo, el comentario no va dirigido a la falta de aplicación de la normatividad en materia de obra pública, lo más importante del tema es la obra misma, la cual es un icono importante de la soberanía del estado, ya que es la sede del poder legislativo, el cual debe ser el reflejo de un ente que muestre solidez, grandeza y sea inspirador como un elemento emblemático de Morelos; situación que no se ve representada en la obra del Congreso del Estado, por la existencia de las siguientes peculiaridades:
• La ubicación del predio no es la más adecuada urbanísticamente, se encuentra en un entorno de un alto conflicto vial y la norma urbana prohíbe el uso de suelo para este tipo de obra, por lo cual al no cumplir la normatividad municipal la obra fue clausurada.
• El proyecto arquitectónico deja mucho que desear tanto en forma como en funcionalidad, su arquitectura, no tiene la dignidad ni la imagen de un recinto del poder legislativo.
• No se siguió con una adecuada supervisión de la obra en los siguientes aspectos: Arquitectónicamente se construyó un proyecto diferente al original; estructuralmente cuenta con deficiencias constructivas y; financieramente no se respetó la inversión autorizada.
Lo anterior es una muestra del manejo inadecuado de los recursos públicos, ya que nadie se hace cargo de dar seguimiento al gasto de los dineros que le pertenecen al pueblo: no importa el proyecto, no importa una mala ejecución y menos importa el encarecimiento de una obra.
Se cuestiona su construcción, porque en Morelos se cuenta con Leyes, Reglamentos y Normas que se imponen de manera irrestricta a la ciudadanía; sin embargo, cuando se realiza una obra pública tal parece que la consigna es no respetarlas. Más lamentable es que esto se de en un edificio tan importante, por ser representativo de uno de los tres poderes del estado y sobre todo por la situación financiera que atraviesa la entidad, lo que no hace prioritaria una obra como esta.