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Indirectamente el socavón del Paso Exprés lo logró. Eso y el efecto mediático a escala nacional de la oquedad que engulló las vidas de dos personas más la coincidencia en tiempo y lugar de la presión del vecindario, que dos días después de la apertura del gran pozo taparon por enésima vez la avenida Morelos, fueron los que clausuraron el proyecto de la gasolinería en Chipitlán. Años se llevó la resistencia por la estación de gasolina que al fin no habrá en donde nunca debió ser autorizada, demasiado cerca del conjunto escolar de la salida sur de Cuernavaca, de dos gasolinerías en El Polvorín, una en la glorieta de Las Palmas y otra unas pocas cuadras arriba. Pero si las protestas de los habitantes de Chipitlán fueron subestimadas tanto en la administración 2012-2015 que encabezó el priista Jorge Morales Barud como por la insensibilidad social del actual alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo, fue la Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno Estatal quien mató y sepultó a la dicha gasolinería, por carecer del Dictamen de Impacto Urbano al cual obliga la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable de Morelos. De ahora en más, la empresa del proyecto está en su derecho de interponer recursos legales contra la clausura y la autoridad de negarlos o concederlos, pero una decisión en este último sentido sería inútil ante el rechazo de Chipitlán. Para llegar a esto, ¿cuántos bloqueos fueron perpetrados? El del lunes 29 de septiembre de 2014 fue uno de los embotellamientos más extensos y prolongados de que hasta esa fecha tuviéramos memoria los cuernavacenses, colapsó el tránsito vehicular en gran parte de la ciudad, desesperante para docenas de miles de automovilistas y pasajeros de “rutas” y taxis, incalculable el daño económico al comercio y la pérdida de las llamadas horas-hombre por la parálisis en múltiples actividades. Peor aún: maniatada la autoridad por el temor de que al destrabar el bloqueo fuera acusada de represora, aunque en ese como en otros casos el estrangulamiento de las vialidades atentaba contra el derecho constitucional al libre tránsito de las personas. Se dijo entonces: ¿a quién debía privilegiar el Ayuntamiento: a la mayoría o la minoría, a la gente de Cuernavaca o al ayudante municipal de Chipitlán que con sus vecinos encabezó el bloqueo? Rechazaban la construcción de una gasolinería en su barrio y les asistía la razón, pues en la zona ya había tres –dos en El Polvorín y otra en Las Palmas–, lo cual debió considerar la Comuna antes de autorizar el proyecto. No fue la primera vez que bloquearon el desplazamiento de vehículos y personas; ya lo habían hecho el 26 de febrero anterior con el mismo motivo e igual método. Argumentó el ayudante Alfonso Díaz Hernández que el establecimiento de la estación gasolinera representaba un peligro para los alumnos de los cinco planteles escolares que hay en ese rumbo, congestionado y con miles de habitantes. Y así se mantuvo en público, ignorado tal vez por el vecindario el hecho de que “en corto” había expresado su complacencia al dicho proyecto. Fechado el 20 de junio del mismo año, oficializado con el sello de la Ayudantía del Poblado de Chipitlán y firmado por él mismo, le dirigió este oficio a la contadora Blanca Azucena Gaona, la representante legal de Empresas Administradora de Bienes Crisan del Centro, S.A. de C.V. y Combustibles Crisan del Centro, S.A de C.V.: “El que suscribe CP Alfonso Díaz Hernández, ayudante municipal del Poblado de Chipitlán, con domicilio para recibir y oír todo tipo de notificaciones el señalado al rubro, en respuesta a su similar de fecha 16 de junio de la presente anualidad donde solicita la manifestación expresa por parte del suscrito en relación a la construcción de una gasolinería que se ubicará en la avenida Morelos 104 antes 1201 frente al centro comercial Soriana, me permito manifestar lo siguiente: que una vez desahogadas varias reuniones de trabajo donde se llevó a cabo la revisión de cada uno de los permisos, licencias y autorizaciones de las dependencias federales, estatales y municipales gestionadas en tiempo y forma por la empresa y exhibidas en original, mismas que son requisitos obligatorios para un proyecto de esta índole, no se encontró ninguna irregularidad, por lo que en base a las atribuciones que me consagra la Ley Orgánica Municipal en lo dispuesto en los artículos 100 y 102 en mi carácter de autoridad auxiliar municipal no existe inconveniente alguno en el proyecto en mención, toda vez que se cumple con la normatividad vigente. Atentamente. Alfonso Díaz Hernández. Ayudante Municipal”… Pero eso ya es historia… ME LEEN EL DOMINGO.
 

Por José Manuel Pérez Durán

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