Diario de Morelos
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Palacio de Cortés

LA SOLICITUD de que ruede el cabezón de la Auditoría Superior de Fiscalización (Luis Manuel González) sería un hecho histórico en el Congreso, si no es estrategia de presión para la negociación política.

Para nadie es un secreto que esta Auditoría y la Carabina de Ambrosio están emparentadas, y que se le ha manejado para cubrir funcionarios públicos sinvergüenzas, al cobijo de diputados no menos ‘gandayas’.

Gran problema: la petición surge de una bancada perredista sin cabeza ni fuerza, aunque eso sí, con muchas faldas. Ahí se impone ver los pantalones de tres petistas, dos del Movimiento Ciudadano y otros más.

NO SE quedaron con las ganas de cobrar venganza algunos que fueron contratistas en el gobierno de Marco Adame, y hoy sonreirán al saber que la “burla” de que fueron objeto, puede que no se quede en el aire.

Le mecánica: los empresarios, con tal de verse beneficiados con obras y servicios, aceptaron sacrificar el 5 por ciento del contrato; es decir, se oficializó “el entre”, “la mochada”, “la dádiva”, eso sí, voluntaria…

Se acumularon $96 millones, que serían para la seguridad pública, pero al final 70 millones se fueron a gastos generales del gobierno; los empresarios recularon y ahora buscan nueva forma de ganar contratos.

LE TOCÓ hablar al ex candidato a gobernador Amado Orihuela, y a todas luces con sesgo político-partidista se montó en el tema de seguridad pública, exigiendo al gobierno estatal, como solución, un “pacto”.

Valorando su “buena voluntad” para coadyuvar en lo que más lacera a la sociedad, habrá que desmenuzar lo que quizá quiso decir el priista: gobernantes y gobernado deben acordar trabajo común contra el crimen.

Como generalidad está bien, pero se ignora si Orihuela Trejo tiene algún as bajo la manga para tal fin o definitivamente se fue de la lengua y carece de ideas concretas; pensar en otro pacto sería terrible.

EMPIEZA A delinearse la petición ciudadana de que todo aquel vehículo de alquiler que se le encuentre vinculado a delitos contra la salud, alias narcomenudeo, se le retire la concesión, aparte del castigo al conductor.

De cierto, la medida estaría en el marco que regula la operación de los taxis; sin embargo, la interpretación de la norma genera un vacío que habrían de cubrir diputados como Roberto Yáñez y Carlos de la Rosa.

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