Diario de Morelos
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Piden gays espacio en agenda de candidatos

Habitantes quieren cambios legislativos en donde se tome en cuenta a los miembros LGBT quienes exigen el matrimonio entre personas del mismo sexo y el otorgamiento de derechos ante el IMSS; el medio, los aspirantes a puestos de elección popular.

No se dan por vencidos. No se rinden y no aceptan un no como respuesta; insisten y presionan a los candidatos que compiten por las 30 curules del Congreso del Estado de Morelos para que respeten y hagan valer sus derechos. Sin embargo, desde 2005 ya vieron desfilar 2 legislaturas completas y ninguna cumplió los compromisos y promesas de campaña.


Son los integrantes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT) de Morelos quienes desde hace siete años comenzaron a empujar por la vía jurídica para que los diputados concluyan las legislaciones que les permitan ejercer sus derechos humanos, políticos y sociales, y así puedan formar una familia con el derecho a la adopción.
“El movimiento empezó por la vía jurídica en el 2005. En ese año se realizó la primera marcha de la diversidad sexual en Morelos; debido a que unos meses antes el entonces diputado Raúl Iragorri Montoya también presentó una iniciativa para reformar el artículo 120 constitucional”, explica Violeta Sánchez Luna, dirigente del movimiento en Morelos.
Añade que en ese entonces “algunos diputados dijeron:  ‘¿Y dónde están los que se quieren casar?’ Fue entonces que la también activista Patricia Bedolla convocó a la primera marcha donde acudieron alrededor de mil personas. Así marchamos año con año el último sábado de agosto”.
 
La reforma, un sueño lejano
Según Sánchez Luna, las condiciones están dadas para que se concreten sus peticiones. Sin embargo, refiere que los integrantes de la actual LI Legislatura, la también conocida como la “peor legislatura de la historia”; al igual que sus antecesores congelaron las iniciativas que han trabajado por casi una década; anteponiendo sus creencias personales por encima de la materia jurídica.
“Desgraciadamente, el PRI tuvo la mayoría en esta legislatura y hay muchos diputados y diputadas que lo fueron o están de licencia y que son cristianos y “mochos”. Por ejemplo, Omar Guerra y Guadalupe Tovar son priistas, pero son cristianos, entonces, su legislación y sus opiniones las condujeron con base en su religión, no en la constitución”, refiere la activista.
Y es que en septiembre de 2010, la diputada Tania Valentina Rodríguez presentó una iniciativa de reforma al artículo 120 de la Constitución Política y al Código Civil del Estado de Morelos para modificar la figura jurídica del matrimonio.
La cual señala: “El matrimonio es la unión voluntaria de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos y obligaciones…” La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo sugirió quitar la figura del hombre y la mujer: “El matrimonio es la unión voluntaria de dos personas, sancionada por el estado, para formar una familia y ayudarse mutuamente…”.
Sin embargo, con los antecedentes señalados, su petición fue enviada la Comisión de Acuerdos Constitucionales del Congreso donde no obtuvo la mayoría. Según Violeta Sánchez, la iniciativa la “atoró” la fracción del PRI.
“Lo que hicieron fue atorarla los diputados del PRI. Prefirieron dejarlo en ‘stand by’, porque realmente sus argumentos eran de carácter moral, personal y religioso que jurídico. ¡Jurídicamente no había y no existe pretexto para negar esta reforma!”, añade.
Las condiciones están dadas
Desde 2010, el Distrito Federal ha sido el punto de referencia en materia legislativa de los derechos humanos. El 5 agosto de ese año la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucionalmente válido el matrimonio entre personas del mismo sexo en la capital de la república mexicana.
Sin embargo, quedó en duda si el mismo criterio podría repercutir en el resto del país; debido a que cuatro de los ocho ministros aclararon que la reforma es válida en el DF, pero que en cada entidad federativa los diputados pueden legislar como le parezca.
Asimismo, el 17 de agosto, el máximo tribunal validó el derecho que tienen los matrimonios gays para adoptar menores en capital de la república mexicana. Según información de un medio nacional, la decisión mayoritaria de nueve votos a favor y dos en contra tuvo su punto de partida en el derecho constitucional a la igualdad y a la no discriminación. También con el propósito de contribuir a un cambio “hacia una sociedad más tolerante, más equitativa y más solidaria.”
Finalmente, apenas, el 30 de abril del año en curso, la Cámara Federal de Diputados aprobó la iniciativa que reforma las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), también la del Instituto de  Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para que los matrimonios formados por personas del mismo sexo tengan acceso a la seguridad social. No obstante, el dictamen fue enviado al  Senado para continuar con su análisis.
Las reformas fueron aprobadas después que las dos instituciones se negaran a registrar a personas del mismo sexo como beneficiarios. Según lo explicado, las modificaciones facilitarán el acceso a la atención médica de los derechohabientes unidos a personas del mismo sexo, quienes, ante la traba, tienen que tramitar un amparo contra las leyes de estas instituciones.
No obstante, los integrantes de la comunidad lésbica-gay de Morelos piden que los cambios legislativos que ocurren en el DF tengan efecto en el estado. Esperan un suceso inédito: que en la tierra del general Emiliano Zapata también haya una apertura de quienes aspiran a ser representantes populares, como ocurre en los Estados Unidos en la figura del  presidente Barack Obama, quién en la busca de la reelección manifestó abiertamente su apoyo a favor de las uniones entre homosexuales; aunque el gesto le haya valido la crítica de la Iglesia católica y que hasta la revista Newsweek le otorgara la portada de su edición y el título como el “primer presidente gay” del país de las barras y las estrellas.












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