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Pisa Jiute Derechos Humanos

Jiutepec, MORELOS.- Tres mujeres comerciantes de Jiutepec solicitaron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), luego de que se les desalojara del lugar donde expendían, argumentando que iban a ser reubicadas.
Sin embargo, a pesar de la promesa, las comerciantes no regresaron a vender sus productos, por lo que la CDHEM inició la recomendación 110/2013-06 para que la autoridad municipal atendiera la petición de las quejosos.
La misma fue rechazada por la alcaldesa, Silvia Salazar Hernández, quien se negó a reubicarlas, a pesar de los señalamientos del organismo y la recomendación.
Y debido a que el Ayuntamiento no brindó respuesta a las demandas de las ciudadanas, contraviniendo lo establecido en el artículo 115 de la Constitución, fracción III inciso d, por una inadecuada prestación del servicio público, la CDHEM recomendó a la alcaldesa y al Director de Licencias en Funcionamiento de Jiutepec, que regularice a las tres comerciantes.
A pesar de ello, la alcaldesa se negó a aceptar la recomendación, por lo que las quejosas recurrieron al recurso de impugnación el cual fue girado al ámbito nacional para que analice el procedimiento.
Osmany Licona Quiterio, visitador de la CDHEM,  explicó que la recomendación se dio luego de que las comerciantes de puestos semifijos acudieron a la Comisión para que se les apoyara en el ejercicio de su actividad laboral.
“El Ayuntamiento les pidió que se retiraran del zócalo con la promesa de regularizarlas, sin embargo, no se llevó a cabo el procedimiento, y a pesar de la conciliación entre ambas partes, no se llegó a un acuerdo y se inició la recomendación en la Comisión”, expresó.
Dijo que ahora le corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) implementar alguna acción en contra del municipio por no haber aceptado la recomendación de su homólogo estatal.
“Cuando el municipio no atiende la recomendación, está actuando en omisión, violentando los derechos”, señaló Licona Quiterio.
Las quejosas son artesanas y adultos mayores, y por sus condiciones de vulnerabilidad hacen más visibles los abusos a sus derechos humanos.

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