Diario de Morelos
Copa Morelos 2016

Atril: Maletas de corrupción

Si “moche” habrá a cambio de la aprobación de la privatización del servicio de alumbrado público (AP) en los treinta y tres municipios de Morelos, es por eso que los diputados andan apurados. Maniobrando contra reloj para que les dé tiempo de perpetrar la transa, estando como se hallan de salida con sólo lo que resta de este mes y el próximo de gestión, se irían embolsándose sobornos millonarios o dejarían la posibilidad de la “mordida” a los diputados de la siguiente Legislatura. La sospecha social sobre las maletas repletas de billetes también alcanza a los alcaldes, síndicos y regidores que mediante sesiones de cabildo ya han autorizado la concesión del AP por dos décadas, entre otros los de Cuernavaca, Tlaltizapán, Yecapixtla, Temixco, Zacatepec, Cuautla y Puente de Ixtla, igualmente acelerados pues dejarán el cargo en diciembre. Una concesión perfilada para solamente una empresa, la denominada “NL Technologies” con sede en Monterrey, N.L., monopólica,  sin licitación de por medio para otra u otras compañías locales o foráneas que ofreciesen mejores condiciones de precio y servicio. Habida cuenta la dimensión monumental del negociazo, por eso la sospecha de la sociedad de estar ante una situación inédita de corrupción, para nada comparable con la privatización de la basura que en Cuernavaca data de abril de 2007 a la compañía asimismo regia Promotora Ambiental, S.A. (PASA) a la que, suspendida la concesión dos años después, esta es la hora en que le sigue reclamando en tribunales una “indemnización” millonaria al ayuntamiento de Cuernavaca. Pretextada la “necesidad” de concesionar el servicio público del alumbrado ídem en la carencia de recursos por parte de los ayuntamientos que  lo cobran pero no lo dan, fundidas nueve de cada diez luminarias para la inseguridad de la gente de bien y el regocijo de la gente de mal que una noche sí y otra también hacen de  las suyas en calles oscuras como boca de lobo. NL Technologies se encargaría de tener todos los focos prendidos. Pero eso es lo que dice ahora, después quién sabe. Conocida la voracidad de la filosofía comercial de invertir poco y ganar mucho, los cuernavacences no vieron la solución del problema de la basura en la privatización de la recolección y el confinamiento de la misma. El servicio está igual o peor que antes de que ocho años atrás fuera concesionado, impuntual el paso de los camiones, merodeando las ratas en las bolsas de desechos que se acumulan en las esquinas, recurrente, por cierto, la queja del concesionario en el sentido de que cada vez que le pagan un abono de la deuda “se mocha” con funcionarios. Desesperados los diputados salientes por privatizar el  AP, ello es confirmado por ediles indiscretos como el síndico municipal en funciones de presidente municipal de Jojutla, Manuel Valentín Juárez Policarpo. Cuestionado por el Consejo Consultivo Ciudadano de esa localidad, reveló que el Congreso Estatal presiona a las comunas para que aprueben la concesión del AP, enviándoles formatos preestablecidos a favor de la empresa multicitada. Del tamaño del negocio (¿y del “moche” a diputados y alcaldes?) este cálculo da una pálida idea: solamente en Cuernavaca NL Technologies se llevaría mil 400 millones de pesos del diez por ciento del AP que al causante le es cobrado en los recibos de luz. Con otra: a la Legislatura agonizante ha llegado la propuesta de privatizar la recolección, traslado y confinamiento de la basura en todo el estado y para una sola empresa, Cruz Azul. Considerada inconstitucional la cesión de los municipios en materia de la disposición final de los desechos por el diputado Carlos de la Rosa, de lo que se habla es, también, de una concesión por veinte años o más. Y una más: ya entrados en gastos, los todavía diputados no se quieren ir sin antes aprobarse pensiones de vejez o por años de servicios prestados. Para ello se disponen a reformar la Ley del Servicio Civil del Estado, y se beneficien los magistrados de los tribunales diferentes y autoridades “de elección popular”, o sean, los legisladores locales, presidentes municipales, síndicos y regidores. La iniciativa corresponde a la actual legisladora local y futura diputada federal Lucía Meza Guzmán, urdiendo que puedan acumular antigüedad como cualquier otro trabajador y llegado el momento cobren pensión por retiro pese a que los diputados no tienen estatus de trabajadores sino de representantes populares. ¡Habrase visto mayor cinismo!.. ME LEEN MAÑANA.