Diario de Morelos
Copa Morelos 2016

Atril: Dinero maldito

…Y todo por los billetes que en la política suele provocar tempestades. Caso del terreno para el proyecto de la sede del Legislativo local, inflado el precio de 9 millones 300 mil pesos, como fue comprado en diciembre de 2013 por los particulares César Alberto Leal Torres, Osmara Marlene Leal Torres y Sharon Isamar Leal Torres, hasta en  20 millones 382 mil 600 con una diferencia de poco más 11 millones sólo tres meses después, pactada la adquisición por la aún secretaria de Hacienda, Adriana Flores Garza, y el titular de Administración, Carlos Riva Palacio Than, a quien la intentona de la transa burda le costaría el puesto. Hoy, cancelada la operación, poco tardarán los diputados de la Junta Política en requerirle al consejero jurídico Juan Salazar Núñez el documento del reembolso de los tres millones de pesos que real o supuestamente hicieron los particulares. Pero al final el tema es el reproche social de que el Congreso Estatal no necesita instalaciones nuevas, de que con los quinientos millones de pesos para la sede prescindible son posibles obras urgentes como repavimentar e iluminar las calles de la ciudad. Y quién sabe por qué será que la secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo, insiste en que la sede polémica se hará y para eso hay tres terrenos opcionales, uno enfrente del mercado AML que, congestionado, en lugar de echarle agua le echarían fuego; otro en la colonia Amatitlán y uno más en Cantarranas, donde tampoco ya no cabe ni un alfiler… POLVOS de aquellos lodos: Abril de 2007. La privatización de la basura pasa sin la oposición de los regidores de partidos distintos al PAN. Lleva 155 días el proceso que condujo el alcalde panista Jesús Giles Sánchez y culmina al recibir el título de concesión la empresa Promotora Ambiental, S.A. (PASA) por veinte años, durante los cuales el Ayuntamiento se compromete a pagar seis millones de pesos mensuales y el previsto de que el pago aumentará de acuerdo con el porcentaje de inflación fijado por el Banco Nacional de México. Agosto de 2010. El cabildo encabezado por el priista Manuel Martínez Garrigós suspende a PASA el contrato de la recolección y traslado de la basura, con otros y el argumento de que la compañía regiomontana cobraba por “toneladas” de 800 kilos. Entonces comienza el problema y, activado un juicio versus el Ayuntamiento capitalino, cuatro años después PASA pretende 300 millones de pesos por “daños y perjuicios”, pero la suma es rebajada a 16 millones. De manera paralela, PASA “exige” que el Congreso Estatal someta a juicio político al actual alcalde Jorge Morales Barud, así que el ixtleño-cuernavacense habría expresado en el más puro hablar del campesino de Morelos: “Ah, chingá, y yo por qué”. Pues por los millones de pesos que hay en  juego, trescientos según la exigencia del abogado de los negociantes regiomontanos Guillermo Pasquel, vuelto famoso aquí cuando hace diez años defendió el caso del coordinador de la Policía Ministerial del gobierno panista de Sergio Estrada Cajigal, José Agustín Montiel López, quien acusado de proteger trasiegos de droga del capo Juan José Esparragoza, “El Azul”, sería sentenciado a treinta y tres  años de prisión y tras pasar ocho en el penal federal de Almoloya recuperaría la libertad por edad avanzada y salud deteriorada. Una millonada lejos del alcance de la crisis financiera del Ayuntamiento, codiciada por la voracidad de PASA que en Cuernavaca data de 2009, de dinero con un tufo partidista en el que una compañía con nexos panistas golpetea a un gobernante de filiación priista, lo cual, aparte la cosa jurídica, tendría que ver a la hora en que los diputados de partidos distintos en el Congreso Estatal determinaran la procedencia o no de la petición del juicio político, precisamente en la antesala de las elecciones de 2015. Pero la maniobra no surte el efecto deseado por PASA, determinada en estos días por la Junta Política y de Gobierno la improcedencia del juicio versus Morales con el señalamiento de que “no se puede considerar como violación a las garantías constitucionales de los gobernados porque no afecta los derechos ciudadanos del promovente (Pasquel), toda vez  que los hechos referidos en la solicitud de juicio político están relacionados con una demanda de orden civil y hechos de tipo mercantil en los que el representante de la empresa carece de interés jurídico como ciudadano”. Diríamos en la tierra de Zapata: “Te llamabas”. Y todo por el dinero maldito que nada vale… ME LEEN MAÑANA.