Diario de Morelos
Copa Morelos 2016

Atril: Como perros y gatos

César Camacho lo envió y el secretario de organización del CEN del PRE, José Encarnación Alfaro, cumplió la encomienda. Vino a sabiendas de que entre los grupos priistas el único acuerdo es que no hay acuerdo. Reunido el viernes con alguna otra y la corriente de Amado Orihuela y Marisela Sánchez, estuvo acompañado de  la senadora Lisbeth Hernández y al rato de Rodolfo Becerril. Más claro ni el agua, pero el propio ex candidato a gobernador y la misma mamá de la aspirante non a la candidatura de la alcaldía de Cuernavaca hicieron que la virgen les hablaba, poniendo a Armando Ramírez como “el consensuado” de los priistas para la presidencia de su partido. Mentira. Así que “Chón” se fue a lo que vino, con  la advertencia de que regresará trayendo el nombre de los impuestos para la presidencia y la secretaría general del comité local, sólo para un año y condicionados a que la presidenta provisional no pretenda un puesto de elección popular. O sea, Lizbeth, vencido el plazo de la senaduría que le cayó por obra y desgracia de Francisco Moreno hasta el 2018, y Becerril en la segunda posición, que allá su necesidad si acepta pues, si de trayectorias se trata, el suyo está muy por encima del nivel bisoño de la que sería su jefa. Obvio también el hecho de que José Alfaro no invitó a todos los grupos, cuadros y dirigentes de sectores u organizaciones del estado, presidentes municipales y diputados, eso fue para que la reunión no degenerara en cena de negros, como seguramente hubiera ocurrido. O que si convidados fueron, los líderes de los sectores obrero y campesino se negaron a hacerle el caldo gordo a Mari y Amado, sacados de esta jugada también Matías Nazario, Jorge Meade, Víctor Manuel Saucedo y otros de “los de siempre” pero al final ambicionadas por todos las candidaturas a alcaldes, diputados locales y federales que es lo que tiene que ver con las opciones de un presidente lugareño a uno fuereño que venga a manejar el proceso interno de las nominaciones para las elecciones del año venidero. Eso les pasa por portarse igual que canes contra mininos… FLACAS por conveniencia las memorias de unos diputados y otros de plano ignorantes, la procedencia o no del juicio político que la semana de atrás pidió el abogado de la empresa Promotora Ambiental S.A. (PASA) versus el alcalde Jorge Morales tendrá un lado jurídico y otro partidista. El acusado es priista y panistas los dueños de la compañía regiomontana, mencionado como socio o ex socio el ex gobernador de Nuevo León, Fernando de Jesús Canales Clariond, quien apenas un año antes de que el edil del partido blanquiazul, Jesús Giles Sánchez, privatizara el servicio público de la recolección de la basura para dársela a PASA había sido el secretario de Energía del gobierno de Felipe Calderón. Pero también subsiste esta historia, por decir lo menos, de irregularidades al cabo pagadas por los cuernavacences: PASA se presumió como una compañía que cuidaría el medio ambiente, aseguró que separaría y reciclaría los residuos y mintió. Revuelta la basura en sus camiones flamantes, la separación no sucedió jamás, y compactada, el negocio fue mayor pues cobraron por tonelada. Igualmente falaz el relleno sanitario para el cual el CRIM de la UNAM propuso unos diez lugares que cumplían con la norma (celdas confinadas, geomembrana, distancia conveniente de los cuerpos de agua, permeabilidad del suelo, etc.), PASA se la pasó por la entrepierna y puso el “relleno” antiecológico en el predio de Loma Mejía, por estar cercano y para no gastar más gasolina y tiempo en los traslados. Entonces director del Ceamish, Alfonso Valenzuela fue uno de los que firmaron la aprobación del estudio de impacto ambiental, pero después se dijo engañado por el doctor José Aristeo Sarukhán, quien, de la mano de Giles, había asegurado en una reunión realizada en  el hotel Villa Vejar que Loma Mejía satisfacía la dicha norma. Luego vendría la movilización para impedir la construcción del relleno, que de todos modos quedó en Loma Mejía, en 2009 la suspensión del contrato a PASA y hoy mismo la solicitud al Congreso Estatal para presionar con el juicio político contra Morales exigiendo 300 millones de pesos por la cancelación del contrato de 20 años. Y  desde entonces el negocio de los propietarios y personeros de la empresa que recoge y tira la basura de la ciudad, sacadas las típicas comisiones al dueño del contrato actual para que cobre adeudos en una historia de dinero pero asimismo partidista… ME LEEN MAÑANA.