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Una ley de adquisiciones

Tras la Revolución Mexicana, el gobierno federal aún no afianzaba un control completo del territorio nacional; compartía el poder con caudillos regionales dispuestos a alzarse en armas. Para terminar con esta situación, Plutarco Elías Calles ideó un sistema político de un solo partido, cuyos integrantes se beneficiaban más siendo disciplinados que rebeldes. Así se fortaleció el poder del gobierno central y del presidente hasta casi volverse ilimitado.
Por ello, cuando hace tres décadas se comenzó a descentralizar el poder federal hacia los estados y municipios, esto se leyó como un signo de democratización. Facultades otrora en manos del presidente de la república se volvieron atribuciones de estados y municipios. Además, se incrementó el porcentaje de recursos públicos que la Federación transfería a los gobiernos locales.
Sin embargo, estas nuevas responsabilidades no estuvieron acompañadas de nuevas obligaciones de control, transparencia y rendición de cuentas. Al pasar de los años, miles de millones de pesos se han perdido en inversiones erradas o en los bolsillos de funcionarios públicos.
El último capítulo de esta amarga historia es el sobreendeudamiento de los gobiernos locales. En Morelos tenemos un gran ejemplo: Cuernavaca pasó de una deuda de 30 millones de pesos en 2009, a más de mil millones en 2012. Otro caso lamentable es el de la legislatura estatal pasada, que logró dejar al Congreso en quiebra.

Una de las causas de tantos abusos radica en una legislación débil que no impone obligaciones sobre la transparencia y la responsabilidad que debe existir con el dinero público. No es casual que Morelos sea de las ocho entidades cuyas leyes de adquisiciones, arrendamientos, bienes y servicios sólo aplican para el Poder Ejecutivo, dejando que el resto de los poderes, así como los municipios y los organismos autónomos, establezcan sus propias normas para realizar compras.

Si en verdad los actuales diputados están comprometidos con el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas, harían bien en aprobar una ley de compras transparentes que incluya a los municipios, a los organismos autónomos y a los tres poderes.
La mala gestión financiera del Poder Legislativo, al igual que la de muchos ayuntamientos, les resta legitimidad para ampararse en la autonomía y no normar con rigor sus procesos de compras. Todos los que ejercen recursos públicos deben tener las mismas obligaciones para utilizar con transparencia y honradez el dinero de los ciudadanos.
 
Twitter: @VeraSisniega
Web: www.verasisniega.org