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Una ley de adquisiciones

Tras la Revolución Mexicana, el gobierno federal aún no afianzaba un control completo del territorio nacional; compartía el poder con caudillos regionales dispuestos a alzarse en armas. Para terminar con esta situación, Plutarco Elías Calles ideó un sistema político de un solo partido, cuyos integrantes se beneficiaban más siendo disciplinados que rebeldes. Así se fortaleció el poder del gobierno central y del presidente hasta casi volverse ilimitado.
Por ello, cuando hace tres décadas se comenzó a descentralizar el poder federal hacia los estados y municipios, esto se leyó como un signo de democratización. Facultades otrora en manos del presidente de la república se volvieron atribuciones de estados y municipios. Además, se incrementó el porcentaje de recursos públicos que la Federación transfería a los gobiernos locales.
Sin embargo, estas nuevas responsabilidades no estuvieron acompañadas de nuevas obligaciones de control, transparencia y rendición de cuentas. Al pasar de los años, miles de millones de pesos se han perdido en inversiones erradas o en los bolsillos de funcionarios públicos.
El último capítulo de esta amarga historia es el sobreendeudamiento de los gobiernos locales. En Morelos tenemos un gran ejemplo: Cuernavaca pasó de una deuda de 30 millones de pesos en 2009, a más de mil millones en 2012. Otro caso lamentable es el de la legislatura estatal pasada, que logró dejar al Congreso en quiebra.

Una de las causas de tantos abusos radica en una legislación débil que no impone obligaciones sobre la transparencia y la responsabilidad que debe existir con el dinero público. No es casual que Morelos sea de las ocho entidades cuyas leyes de adquisiciones, arrendamientos, bienes y servicios sólo aplican para el Poder Ejecutivo, dejando que el resto de los poderes, así como los municipios y los organismos autónomos, establezcan sus propias normas para realizar compras.

Si en verdad los actuales diputados están comprometidos con el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas, harían bien en aprobar una ley de compras transparentes que incluya a los municipios, a los organismos autónomos y a los tres poderes.
La mala gestión financiera del Poder Legislativo, al igual que la de muchos ayuntamientos, les resta legitimidad para ampararse en la autonomía y no normar con rigor sus procesos de compras. Todos los que ejercen recursos públicos deben tener las mismas obligaciones para utilizar con transparencia y honradez el dinero de los ciudadanos.
 
Twitter: @VeraSisniega
Web: www.verasisniega.org


A que Doña Vera, usted siempre sobre la honestidad del manejo de los recursos públicos. Es tan necesario hacerlo. Así mismo, lamento que no haya ocupado un espacio dentro el poder público. Infortunadamente para el el pueblo: lo viejo no muere esta bien vivo. Esperemos que la muerte del no vaya ser violenta, todos perderíamos. Lo cierto es que pese a que la organización de nuestra administración pública pudiera ser para presumir; lo es, únicamente en el papel. Un gran fallo y ausencia es el control real, las controlarías y auditorias fiscales en más son simuladoras. Para avanzar falta mucho y poco a la vez. Mucho por la voluntad política que se requiere. Poco, porque experiencia la hay, además cada vez hay mayor número de profesionistas con capacida de vigilar y controlar; asimismo, la sociedad es más abierta, gracias a los medios comunicación electrónicos. En ese poco, es necesario armar todo uh modelo para el control de la administración y gestión público, el cual deberá ser efectivo, con sus respectivos instrumentos de verificación, de sanción y de reconocimiento. Seguramente algunos dirán ya existe. Es cierto, pero habrá que ver los múltiples huecos que tiene, los subterfugios que alimentan la corrupción, el robo, la apropiación de los recursos públicos, la simulación en el cumplimiento de objetivos y metas. De aquí un modelo de control efectivo. Pero también se requiere del perfil adecuado de quienes van a ejecutar el control. La primera condición es de que sean autónomos e independientes de quienes gobiernan. El asunto de las controlarías nació a partir del mismo gobierno, del ejecutivo, son parte orgánica del sector central de la administración pública. No ya no. deberán ser autónomas e independientes. Asimismo, las auditorias fiscales deberán ser expropiadas de los Congresos. Inclusive, en completa autonomía e independencia, la controlaría y auditoria podrían fusionarse para quedar un sólo órgano de control y vigilancia, los costos se reducirían sensiblemente. Si subordinación al ejecutivo o al legislativo, se ira aminorando la corrupción, la cultura patrimonialista (ver recursos públicos como propios), la simulación. Paulatinamente nos llevar el ejercicio republicano del poder público: vivir como funcionario en la medianía de su salario.
La parte de la voluntad política es la más compleja. Aquí es donde gente como usted, Sra. Vera entra, usted que anda en las trincheras, desde su partido (no muy confiable, pero se camina con lo que hay) deberán pelear y proponer fórmulas para el manejo honesto y transparente de los recursos públicos. Es tan necesario que esa masa crítica se active, cada vez es más extensa. Del “compañero Graco” mucho temo una gran decepción de los morelense que por él votamos. El impulso vendrá desde abajo. NO SE RAJE DOÑA VERA