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Trabajo

Desde tiempos inmemoriales, nada ha sido de lo más digno que ganarse el diario sustento personal/familiar, mediante el esfuerzo físico/mental del trabajo humano. Los resultados del reciente estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI en acrónimo, lamentablemente muestran la estructura del mercado laboral con empleos informales, unos 30 millones de compatriotas, equivalente al 60% de los pobladores del país en edad laboral económicamente activa, PEA en acrónimo. Las evidencias recopiladas en el Diario de los Debates de la Constitución de 1917 indicaron que la composición del Artículo 123º del Título Sexto, del Trabajo y de la Previsión Social, cuya primera exposición fue dada a conocer como “primera declaración de los derechos sociales”, artículo que fue uno de los más discutidos por las comisiones designadas al efecto. En la Ley Federal del Trabajo de 1930 se definieron las leyes reglamentarias del apartado A, reguladoras de las disposiciones  que protegen los derechos de obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, de manera general, de cualquier  prestación laboral y del apartado B, regulador entre los Poderes de la Unión, y del gobierno del DF con sus trabajadores y empleados de base. En 1970 fue modificada esta Ley  Federal del Trabajo.  Recientemente, se generó una fuerte discusión entre dirigentes de partidos políticos, líderes de organizaciones sindicales,  representantes del poder legislativo e intelectuales expertos en derecho  del  trabajo, polémica para actualizarla a las condiciones prevalentes en la segunda mitad del siglo XXI. También se ha venido insistiendo en la formulación de un apartado C, regulador de las  relaciones académico/laborales de la educación superior de planteles universitarios y tecnológicos, siendo promovida tenazmente por el Dr. Guillermo Soberón, ex rector de la UNAM. En 1943 se expidió la Ley del Seguro Social operada mediante la creación del Benemérito Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo primer director fue el destacado Lic. Ignacio  García Tellez y como  su secretario general, el ingeniero agrónomo Miguel García Cruz,  diputado que formó parte de la comisión redactora de dicha ley. Desde su  origen, ha sido una institución prestante de eficientes servicios médico hospitalarios, de cirugías mayores y menores, de guarderías infantiles, manejo de pensiones/jubilaciones a trabajadores de 65 años y más. RESUMEN: A principios del siglo XX próximo pasado, era sobradamente conocido el terrible estado de explotación de los trabajadores, sujetos a largas,  agotadoras jornadas de 14 ó más horas a cambio de salarios miserables, las que en 1910, originaron el estallido social conocido como Revolución Mexicana (cf. las huelgas de 1906 de los trabajadores textiles de las fábricas de Río Blanco, Ver., lideradas por Lucrecia Toriz, y la huelga de  los mineros de Cananea, Son., encauzadas por Heriberto Jara; ambos movimientos de lucha fuertemente reprimidos por tropas federales porfiristas. Ahora, los derechos establecidos a favor de los trabajadores son imperativos, irrenunciables, inderogables, deben obligatoriamente  cumplirse. Aún más, sería menester: 1º.- Extenderlos a jornaleros avecindados y/o migrantes, recolectores de productos hortícolas, frutícolas. 2º- Ofrecer trabajo a franeleros, “sale, sale”, traga fuegos. 3º.- Becar a niños haciendo piruetas en los  cruceros viales de la ciudad  4º.- Abrir albergues para personas de la 3ª edad, los que están pidiendo limosnas en las salidas de los templos. 5º.- Darles protección médica/asistencial a  diableros, cargadores, macheteros, que descargan productos en los andenes de los mercados citadinos. En fin, México no es un país pobre, debe dejar de ser un país injusto. Hay que revertir este orden de vida, pero ya. Es cuanto.

baldovinos@uaem.mx