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Rendición de cuentas

El sinuoso camino para construir y consolidar la Democracia tiene muchas vertientes. La Democracia no sólo debe ser un eficaz instrumento electoral, que garantice el triunfo en las urnas de una mayoría, sino también debe ser a la vez  el conducto para que se alcance una verdadera justicia social, así como el motor para asegurar el Estado de Derecho y el funcionamiento de una sana Administración Pública.
En este ultimo rubro, las nuevas administraciones, la estatal ya en funciones, y las federales  y municipales, por estrenarse, deben sentar un precedente para ser congruentes con sus postulados de campaña: La Rendición de Cuentas. Esto no se debe entender jamás como una revancha, un ajuste de cuentas o un instrumento de presión contra adversarios políticos o contra los que simplemente se van. Cuando los funcionarios públicos que son electos  por voto popular toman protesta, por lo general lo hacen en los términos de que, en caso de no cumplir cabalmente con su encargo, la nación o la ciudadanía se los demande; por lo tanto, rendir cuentas es tan sólo la más elemental de las obligaciones que tienen que  cubrir.
En la época del Virreinato, existía una figura de Derecho, El Juicio de Residencia; éste consistía en que un Virrey saliente no podía abandonar la Nueva España una vez concluido su encargo hasta en tanto no se acreditara que  entregaba la Administración Virreinal en orden. Era una medida radical, no a todos los Virreyes se les aplicó, e incluso, en alguna ocasión se incurrió en excesos propios de las intrigas políticas, pero el espíritu de dicho Juicio fue bueno, y un antecedente  de las actuales contralorías y órganos de fiscalización.
Los tiempos han cambiado, ahora ya no sería necesario un Juicio de Residencia, pero sí su esencia. Por un lado, no se pueden dejar arcas en ceros, deudas fuera de lo común  o faltantes exorbitantes a los que llegan; así como tampoco se puede, con impunidad, crear millonarios al vapor que se marchan con los bolsillos llenos, y a quienes jamás se les llama a rendir cuentas. La política y la Administración Pública deben dejar de ser una opción de vida o de empleo para los menos calificados. Existe una anécdota coloquial, que pareciera más un chiste que una historia verdadera, y versa sobre el presidente municipal de un pequeño pueblo de nuestro estado, al cual, al terminar su gestión, uno de sus allegados le recriminó duramente haber dejado 500 mil pesos en las arcas municipales, a lo que éste, compungido, le respondió: “Te juro que nos los vi!”.
Es legítimo que quien ha servido en la Administración Pública viva de manera decorosa, tenga prestaciones, mejore dentro de sus posibilidades su nivel de vida, y que incluso se retire con dignidad para reincorporarse o incorporarse a las actividades privadas; lo que no es justificable es que un buen día amanezca con una fortuna astronómica, o que se sirva del erario público en beneficio propio.
Es lamentable que un cambio institucional de administración pública no garantice el  desarrollo normal de las actividades de gobierno, los estados no se pueden reinventar cada seis o tres años; tampoco es sano que los nuevos funcionarios tengan que hacer malabares para cubrir hoyos financieros, faltantes que nadie sabe de dónde provienen, deudas con proveedores o una cascada de laudos laborales.
En la medida que nuestra política de rendición de cuentas sea eficaz, no sólo tendremos mejores servidores públicos, sino una administración pública sana, robusta, y que sea al final garante de prosperidad para todos los morelenses.
 
opinion@diariodemorelos.com


En tan solo 2 administraciones, los gobiernos panístas nos demostraron que lo que incomodaba a su instituto político, no era la corrupción ni la falta de rendición de cuentas; lo que les incomodaba realmente era no ser beneficiarios de esos 2 vicios. Quedamos ahora, con 2 ex gobernadores y 2 expresidente con fortuna de virreyes.