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Perspectiva: Conflictos entre autoridad

Sorprendió el comentario del síndico procurador de Texcoco, que hizo eco a la posición de la alcaldesa de esa ciudad, señalando que quien tiene la potestad de autorizar la realización de un concierto de Rock en ese municipio es la autoridad local y no la estatal, contraviniendo la declaración del gobernador Eruviel Ávila que dio por suspendido dicho concierto.  No es usual que una autoridad municipal contravenga lo que dice el gobernador. Y luego en Coyoacán, en la ciudad de México, el Instituto de Antropología e Historia, suspende la instalación de los parquímetros aduciendo que el gobierno del Distrito Federal no presentó la documentación correspondiente. No se sabe si habrá o no parquímetros en el centro de esa delegación, pero  tanto en Texcoco como en Coyoacán  hubo un conflicto entre autoridades que llamó la atención dado el centralismo mexicano. De esos contrapesos hacen falta.
En Morelos ese tipo de conflictos es más sutil.  Los ayuntamientos muy  a cuenta gotas, y quién sabe si sometidos a presiones del gobierno estatal, van cediendo sus potestades en materia de seguridad al cacareado mando único. En la capital, el presidente municipal con mano izquierda expresa estar de acuerdo pero le pasa la responsabilidad al cabildo quien tendría la última palabra. Entre tanto son cada vez más frecuentes las apariciones en la prensa nacional de notas alusivas al aumento de la violencia y la criminalidad en la entidad. Las protestas callejeras se están incrementando. Hasta la iglesia, lo que de suyo es doblemente grave y habría que revisar la ley reglamentaria del 130 constitucional que regula las relaciones iglesia-estado, en voz del obispo Castro Castro convocó a una marcha en torno a la seguridad y la paz. Cuando menos ese fue el pretexto. Y claro, no es difícil en un país predominantemente católico que los feligreses salgan a la calle convocados por su pastor.  Una interpretación podría decir que hay un conflicto entre la autoridad laica y la religiosa.
Al tomar posesión, el gobernador de la entidad dijo: Me comprometo a “dar resultados en materia de seguridad y abatimiento de la violencia en 18 meses” Está por cumplirse ese plazo. Por ello es entendible que haya varias marchas en puerta. Señaladamente está la del 1 de abril a la que convoca la autollamada Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos. Pero al parecer hay otras en gestación no menos importantes. En todos los casos se alude a la inseguridad. Aquí el conflicto ya no es entre autoridades sino entre ciudadanía y gobierno. La llamada izquierda ha pregonado en distintos momentos la necesidad de transitar hacia lo que se denomina democracia directa: plebiscito, referéndum e iniciativa popular. La ley reglamentaria en torno a la consulta popular  aprobada por el congreso de la unión la semana pasada, básicamente por presión de esa corriente, pone en la agenda pública asuntos polémicos, específicamente el de si el tema energético puede ser motivo o no de una consulta. Pero en Morelos eso no está a discusión por el momento. La población que a veces no tiene memoria, ahora recuerda muy bien que el gobernador del estado señaló que en caso de no lograr reducir la inseguridad, sometería a  referéndum en uno o dos años, su permanencia en el gobierno del estado. ¿Habrá coherencia entre el dicho y el hecho? Anticipo que no, pero de que se querrá consulta popular asociada a las elecciones del 2015, no hay que tener duda.