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Para las autoridades no hay leyes, para el pueblo sí

En el federalismo existe un mecanismo que se debate entre lo diverso y lo conflictivo para distribuir las competencias entre los diferentes ámbitos de gobierno. Son los estados el fundamento de la federación y no en sentido contrario. Esta premisa  queda demostrada desde el momento mismo en que cada estado tiene la autoridad para tomar decisiones independientemente de otro, coordinado, sí, por el Gobierno Federal, sin que esto reste autonomía a cada entidad. En la práctica cotidiana, la Federación maneja un centralismo en cuanto a la distribución de ingresos, pero en el sexenio que recién concluyó, mediante un proyecto de reforma que fue aprobado por el Senado y turnado a la Cámara de diputados, cuya pretensión fue transparentar la información financiera respecto a la aplicación de los recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, causó tremenda  discusión porque más de uno se opuso a que les revisaran a conciencia  la contabilidad en los estados, municipios y dependencias gubernamentales. El argumento para tal oposición se centró en lo que llamaron  ataque a los cimientos del federalismo y la división de poderes, además dijeron  que la creación de una reforma sobre el particular  no es necesaria porque tanto las legislaturas locales y el Congreso de la Unión tienen centrado el ejercicio de sus recursos en la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué todos los niveles de gobierno defendieron con uñas y dientes su autonomía?, porque de esta manera pueden hacer y deshacer con los recursos que les destina la Federación, y como siempre están quejándose de que no les alcanza, recurren al endeudamiento. Precisamente la Secretaría de Hacienda informó que la deuda de los estados y municipios se incrementó, en el último trimestre del año, en 2 mil 355 millones de pesos, equivalente a 183 millones de dólares. Expertos en finanzas e incluso algunas autoridades sostienen que la forma en que los estados y municipios están manejando su economía se está volviendo un problema que afecta a las finanzas del país, prueba de ello es que la deuda mencionada representa poco más del 3 por ciento del producto interno bruto.
Los quejosos dijeron que la iniciativa era anticonstitucional porque el Artículo 79 de nuestra Carta Magna establece que: “La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo: 1.Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley. También fiscalizará los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares”. Como vemos, este artículo neutraliza las funciones de la Secretaría de Hacienda y cualquier otra autoridad, por eso vemos que, en el caso específico de los presidentes municipales, buscan inmediatamente una diputación local o federal, pues de esta manera, a la hora de “fiscalizar” a su administración no pasará nada. Quienes logran subir este escaño procuran quedar en la Comisión de Hacienda. De esta manera se ríen de sus opositores que, aunque les sacan los trapito$$$$$$ al sol, se quedan con un palmo de narices, ya que su ley antiautoflagelo los convierte en ladrones de cuello blanco, título que ostentan con orgullo porque el poder que tienen sus corruptas leyes les permiten esto y más. Este es el trabajo de nuestros legisladores… velar por sus intereses atajando cualquier iniciativa que pueda atentar contra su economía. Si de esta manera defendieran los intereses de todos los mexicanos, otro gallo nos cantaría. Tendríamos acceso a una educación de calidad, realmente gratuita; los servicios de salud no tendrían carencias y, en consecuencia, los derechohabientes serían mejor atendidos; en el campo y las zonas rurales no habría pobreza; millones de mexicanos no estarían sin empleo y los que lo tienen ganarían buenos salarios, no como los de todas nuestras autoridades de alto nivel, por supuesto, los mortales ciudadanos no merecen tal privilegio, pero sí para vivir dignamente y no habrían aprobado las reformas a más de 300 artículos de la Ley Federal del Trabajo. Como en México los libros son tan caros, hay que ir haciendo un ahorrito para comprar la próxima edición de la Ley Federal del Trabajo porque la anterior ya no existe. Nuestros legisladores la echaron a la basura.