Diario de Morelos
Copa Morelos 2016

Palacio de Cortés

El próximo gobernador Graco Ramírez va en línea de diálogo, acuerdos y “…a mí no me van a espantar de que me van a tomar una carretera”, citó el 2 de julio, como línea para casos como el de normalistas y Huexca.
 
Y se retoma el apunte dominical de este Palacio: ¿van a descalificar a la institución electoral en la presidencial, pero no lo estatal, por sus 2 senadores, 5 diputados federales, 15 alcaldías y 13 diputaciones locales?
 
CIERTO QUE nombrar al titular de la Auditoría Superior de Fiscalización no es facultad del gobernador, pero no le falta razón al electo Graco Ramírez cuando le pone horrible tache al actual encargado de la ASF.
 
Luis Manuel González está marcado como auditor desde su apodo de “El Chueco”; es clara su filiación priista y nexo con Amado Orihuela, y, lo anotado aquí el viernes, la ASF es como La Carabina de Ambrosio…
 
El descrédito de la Auditoría obliga a contratar una empresa fiscalizadora privada, prevé el gobernador electo; entonces ¿por qué el ciudadano tiene que pagar con sus impuestos a “El Chueco” y otros funcionarios?
 
A FERNANDO Álvarez Mata, director de Seguridad Privada del gobierno estatal, no se le ocurrió asomarse a internet para saber si las empresas que ofrecen ése y servicios similares en Morelos trabajan de forma legal.
 
Mientras tanto, se encontró que Mauricio Cházaro, el líder de una banda de secuestradores y asesinos de taxistas, anunciaba en internet dos empresas de seguridad, y Álvarez Mata supuestamente no lo sabía.
 
De lo que no pierde detalle el funcionario público es de las empresas que trabajan legalmente, porque se les va encima apenas les falla cualquier papelito. Hasta parece que las invita a trabajar por fuera, como Cházaro.
 
SI EL diablo no mete la cola, hoy, antes de las 13:00 horas, debe llegar a la Procuraduría General de Justicia otra denuncia por el irregular manejo de un crédito de 300 millones de pesos del Ayuntamiento de Cuernavaca.
 
El quid es quién, si no el alcalde Sánchez Gatica, autorizó que se usara parte de ese dinero para pagar a contratistas del gobierno. En línea de presunción están Alma Domínguez, Abel Millán y José Martínez Garrigós.
 
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