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Palacio de Cortés

¿Y MANUEL Martínez Garrigós? Es la pregunta que brota natural ahora que está la repartición de encargos para los pilares del PRI morelense. En recta final al 1 de julio, 12 soñaron con hacerse de la gubernatura, pero…

Morales Barud es alcalde de Cuernavaca; Martínez Cué tomó la sindicatura; Moreno Merino, la Profepa; Palma César, a la junta de Gobierno del ISSSTE; Meade Ocaranza, la delegación de Desarrollo Social…

Del Valle Reyes pinta para la delegación del ISSSTE; Sánchez, Orihuela y Becerril, en veremos; Abe Almada y Genel se apartaron. Martínez Garrigós, aislado en el PRI y achicado en el Congreso, pende de dos que tres juicios.

APENAS al inicio de la semana pasada el dedo estaba en la llaga de los “reventones” que se organizan al margen de la ley, como fue en la colonia Alta Vista, y la noche de viernes se registró otro de similar tipo.

Menos mal que no reportaron heridos, sino la acción oportuna del gobierno de Cuernavaca para suspender su realización en la conocida “Quinta Mi Negrita” con jóvenes y hasta menores consumiendo alcohol y quién sabe qué más.

Obvio, en la medida que haya demanda, será complejo inhibir la proliferación de esos festejos, por lo que también vale asomarse a la responsabilidad de los jefes de familia por ese hábito de los muchachos.

NUNCA ES tarde para que organismos como el Tribunal Superior de Justicia se apunte en foros tipo “La Organización y Conservación de Archivos Públicos”, coorganizado aquí por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La idea es que no se pierdan documentos como el del “Caso Sarquís”, visto como una de las mayores trampas en la historia del Poder Judicial morelense en tiempos de la presidencia del magistrado Ricardo Rosas Pérez.

No le vendría mal a la actual titular Nadia Luz Lara Chávez tomar nota, aunque tampoco se trata de que, con tal de no perderlos, caiga en la opacidad, ocultando la información pública que demanda la ciudadanía.

MÁS QUE un concurso de opiniones, el  visto bueno o cancelación para la operación de una mina en el cerro El Jumil, de Tetlama (Temixco), habrá de ser si la empresa méxico-canadiense Esperanza Silver cumple la norma.

Si la autorización para la probable extracción de plata y oro por allá del año 2000 pasó inadvertida, en estos tiempos será comprobar el nivel del impacto ambiental. Consensuar no va, no es asunto político.

opinion@diariodemorelos.com
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