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Palacio de Cortés

SE TIENE en el aire el "dictamen negativo" marcado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la administración 2009-2012 de Jiutepec, en el uso de recursos federales durante el ejercicio fiscal 2010.
 
En su desaseada gestión, dolosa o por ineptitud, el alcalde Miguel Ángel Rabadán gastó más de 18 millones en obras y acciones que no beneficiaron a sectores de la población en condiciones de rezago y pobreza extrema.
 
Y la ASF no encontró documentación original que justificara y comprobara el gasto correcto de más de 727 mil pesos; en tanto, el protegido por su antecesor Rabindranath Salazar deambula en la impunidad.
 
POR MÁS que el gobierno de Temixco intenta darle la vuelta a la serie de cochupos en obras y servicios públicos, lo mismo con dinero municipal que de partidas federales, ahí tienen también lo dicho por la ASF.
 
Del tache aquí mencionado ayer, el detalle es que el ayuntamiento de Nereo Bandera, más de 10 millones de pesos, no los usó en donde debería hacerlo, y casi 2 millones se gastaron en obras sin autorización.
 
Otros 2.1 millones fueron para pagos que no procedían o por excesos en obras, y, bueno, hasta desaparecieron los intereses de recursos de fondos federales; lo anterior, sólo de un filón del presupuesto… y lo que falta.
 
UNA DE forma y otra de fondo, las propuestas para reforma de ley hechas por el senador Fidel Demédicis, que se suman a su trabajo como representante morelense, mientras Lisbeth Hernández y “Rabín” Salazar apenas asoman.
 
Cambiar “presunto infractor” por “probable responsable” en casos de personas relacionadas con delitos, una, y la otra, sobre la necesidad de que Hacienda pueda requerir información a los tres órdenes de gobierno.
 
El objetivo es que la PGR pueda allegarse por la vía fiscal de todos los datos que coadyuven para una mejor sustentación de los procedimientos de los probables responsables de actividades antisociales.
 
POR SI había dudas de que nadie en sano juicio le quiere entrar a la chamba de policía, como lo dijo en su momento el ahora ex secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad, José Herrera, ahí está el caso Jiute.
 
En agosto reportaban 234 efectivos, que en servicio bajan por días de descanso, incapacidades y permisos; si restan los que no pasaron los exámenes, divididos en dos turnos, dejan un panorama para llorar.
 
opinion@diariodemorelos.com
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