Ponen otra vez de manifiesto la ineficacia de las corporaciones policíacas en materia de prevención del delito. Los ataques mortales a mujeres, sobre todo jóvenes y de condición económica modesta, reafirman la percepción social sobre el operativo “Morelos Seguro”, pequeños los logros de las fuerzas federales, estatales y municipales frente a la magnitud del crimen organizado. Reprochables, asimismo, los magros resultados de la Procuraduría de Justicia en el combate de éste y otros ilícitos; generan impunidad y reincidencia. El tema de los feminicidios cobra actualidad… pero sólo cuando están “frescos”, pasar luego al olvido y resurgir las protestas de organizaciones no gubernamentales cuando los perpetradores los vuelven a cometer “en racimos”, como ha ocurrido en los últimos días en Cuernavaca, Jiutepec, Tepoztlán y Tlaltizapán. In crescendo la inseguridad, las últimas cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tienen que ver con los más de setenta mil decesos de civiles, soldados, marinos y policías en la estrategia fallida de la guerra contra el crimen organizado que, pronto hará seis años, desató Felipe Calderón. Las 27 mil 199 muertes violentas contadas por el INEGI durante 2011 seguramente hubiesen sido menos si al todavía inquilino de Los Pinos no se le hubiese ocurrido (¿o sugerido desde la Casa Blanca, para el negocio de la venta de armas y pertrechos militares?) “legitimarse”, tras el fraude electoral de 2006, dándole el garrotazo al avispero incontrolable del narcotráfico. Politizado, ello no ha mitigado siquiera el problema de inseguridad nacional. Le fallaron a México las actuales legislaturas federales. Por mucho menos de los males que Calderón ha hecho a este país merecía ser destituido, y expulsado de su partido por los panistas que hoy se reparten culpas en sus “reflexiones” de por qué perdieron la elección presidencial. Ante el conteo de asesinatos del INEGI, la autoridad local puede repetir el argumento baladí de que en Morelos la inseguridad obedece a un problema general, pero no explicar por qué Yucatán sólo registró tres homicidios el año pasado, mientras esta entidad forma parte del promedio nacional de 131 casos por cada 100 mil habitantes. Los números no mienten… ALGUNOS regidores no se miden. Presionaron una auditoría externa al Ayuntamiento. Bien si su propósito es aclarar cuentas y establecer responsabilidades específicas, pero no recomendando a equis o zeta bufete de contadores para cobrar comisión. Además, estando en bancarrota la Comuna, pretender medio millón de pesos o más para pagarle al auditor es como querer sacar agua de las piedras. Dado que las revisiones del Chueco González dan la misma confianza que un réferi ciego y sordo, ¿no hay otro modo para la fiscalización sin diezmo?.. A VER cuál de los casi ex regidores ordena al funcionario respectivo que ponga orden en el edificio Las Plazas. El trenecito atropella a chicos y grandes, y también estorban los changarros que pagan rentas en pasillos públicos. No hay autoridad… ME LEEN MAÑANA.
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