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La imparcialidad del IEE  

Todos sabemos que el recién designado Consejo Electoral tiene más de partidos políticos que de ciudadanos, después de que se produjera el desbarajuste para llamarle de algún modo, a la forma en que la Cámara de Diputados trató de seleccionar a los Consejeros, lanzando una convocatoria fuera de la Ley, quizá les hizo falta conocer los principios que deben de guiar a la actividad electoral.
Por lo pronto hay quien asegura que ya existen tres impugnaciones al procedimiento, si esto es  así, éstas podrán rendir frutos; si las impugnaciones son a las personas, será mucho más difícil, no imposible, pero el juzgar el criterio del legislador no puede darse de manera clara, por los datos que se puedan aportar, por lo que el resultado no necesariamente será el mismo.
Lo que habría que analizar son los criterios que ha marcado el TEPJF en sus diferentes juicios relacionados con los Institutos Electorales, como sigue:
El máximo tribunal en materia electoral, ha sentado el criterio que un ciudadano al haber sido designado como representante partidista ante la autoridad electoral, permite inferir que existe serio riesgo de afectación a su imparcialidad, objetividad e independencia, pues es evidente que el partido político, a través de los órganos intrapartidarios competentes, le tiene la suficiente consideración y confianza, para que viera por sus intereses. Asimismo, se sustenta el criterio que en virtud del hecho de que un ciudadano haya sido nombrado representante partidista genera la presunción legal de su parcialidad, partiendo del hecho objetivo y probado de que tal ciudadano se le designó como representante de un instituto político, razón por la cual le es aplicable la prohibición contenida en el Artículo 97 fracción VII del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Aunado a lo anterior, la posición asumida contribuye a garantizar el respeto de las posiciones minoritarias en los órganos colegiados electorales pues evita que las decisiones se vean cuestionadas en cuanto a su imparcialidad.
Así, la exigencia de independencia, objetividad e imparcialidad son válidamente exigidas a los encargados de llevar a cabo la función electoral, incluso, en lo individual, como consejeros electorales, en cualquiera de los ámbitos determinados por la geografía electoral, o magistrados, sin que exista oposición con la visión señalada.
La independencia implica la situación institucional que permite a los consejeros emitir sus decisiones conforme a su propia certeza de los hechos, la cual debe ser obtenida sobre la base de las pruebas recibidas y de acuerdo con el derecho que estime aplicable al caso concreto, sin ser influenciado o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones, provenientes de superiores jerárquicos, de otros poderes o de otras personas físicas o jurídicas.
La objetividad, en términos generales, es la virtud de abordar cualquier cuestión en forma desinteresada y desapasionada, con independencia de la propia forma de pensar o de sentir.
La imparcialidad implica la ausencia de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo, que permite juzgar o proceder con rectitud.
El principio de imparcialidad también cobra particular relevancia, tratándose de los órganos electorales, pues implica que éstos actúen y decidan de conformidad con sus facultades y atribuciones, de manera objetiva, atendiendo exclusivamente a los méritos y características propias del asunto en cuestión, por encima de sus preferencias políticas, esto es, supeditando cualquier interés, simpatía o afinidad personal o partidaria, al servicio de la voluntad del ciudadano y de la democracia.
Los principios antes precisados, entre otros, deben observarse puntualmente por todos aquellos ciudadanos que se desempeñen como consejeros electorales, pues se trata de órganos facultados, en el ámbito de su competencia, en la organización de las elecciones de diputados, Gobernador y miembros de los ayuntamientos, y por tanto, como árbitro en las contiendas partidistas, en ámbito y de conformidad con las funciones que se disponen en la normativa electoral, debe satisfacer en la mayor medida posible la independencia, objetividad e imparcialidad en sus actuaciones.
Lo anterior, evidencia que se podría poner en duda razonable la imparcialidad, respecto del partido o partidos que conformaron una coalición, con la que se podrían conducir quienes fueron sus representantes ante una autoridad electoral.
Esto, incluso tiene como explicación el que la imparcialidad con la que se deben conducir los consejeros electorales, podría verse cuestionada, al argumentarse una preferencia por una opción política, y relacionarse con sus decisiones, o al menos en sus posturas políticas frente a ciertas cuestiones relacionadas con la forma de solucionar problemas, a favor de una posición particular y con alejamiento del interés general.
En ese sentido, el ciudadano que es designado por un partido como representante de éste ante las autoridades electorales, resulta cuestionado respecto a su capacidad de resolver con independencia, objetividad e imparcialidad en aquellos casos en que sean involucrados los intereses del partido que los designó.
Por último se precisa que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina que los ciudadanos que se desempeñaron como representantes de una fuerza política ante los órganos electorales, pueden tener una inclinación a favor de la misma, en detrimento de la seguridad que se debe tener, de que los consejos electorales cumplan cabalmente con las exigencias de imparcialidad e independencia previstas por el poder revisor de la Constitución y el legislador local.
Estos son los principios que marca el Tribunal, con el objeto de no perder la objetividad, que le da a uno el afecto hacia la institución,   lo dejamos que usted juzgue, en base a esta información, cuál será el destino de la institución democrática más importante del estado, o sea, el IEE. ¿No Cree Usted?
 
lavinleon@gmail.com
Twitter: @teolavin


Excelente columna!