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La elección del procurador y la relación entre poderes

Nuevos comportamientos políticos se manifiestan en la escena pública de Morelos. Conviene detenernos un poco para reflexionar sobre los alcances e implicaciones de la correlación de fuerzas políticas que se ha configurado en el Congreso local, especialmente después de la decisión que han tomado los diputados, en el sentido de rechazar la terna de aspirantes a ocupar el cargo de Procurador de Justicia de Morelos.
En primer término, es importante subrayar que estamos en presencia de una relación distinta entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. La decisión de los legisladores estuvo  fundada en un ejercicio riguroso de contraste entre los requisitos que marca la Constitución Política de Morelos para ser Procurador de Justicia y el perfil de los integrantes de la terna enviada por el Poder Ejecutivo.
El Congreso envía  una señal de trabajo responsable, y con ello abre una etapa de relaciones más equilibradas entre dos de los tres poderes públicos de la entidad. Pero, paradójicamente, se posterga una decisión de gran impacto que retrasa e inhibe el ejercicio eficaz de las funciones estatales en materia de procuración de justicia.

Los legisladores han elevado el listón de las exigencias que deben reunir los candidatos a ocupar el cargo de Procurador de Justicia;  pero al hacerlo, han puesto en entredicho el proceso de elección previsto en la ley, y de paso, siguen sin cumplir su función constitucional en la materia. Al día de hoy, el estado de Morelos dispone de una procuraduría que funciona a medio gas, y al mismo tiempo los ciudadanos seguimos sin tener información suficiente sobre las tareas que se realizan en la Procuraduría. Pero lo más delicado de todo este proceso inconcluso es que no se percibe el desempeño eficaz que todos quisiéramos que tuviera la Procuraduría, ya que las noticias que todos los días se publican en los medios de información revelan que la inseguridad permanece como uno de los principales problemas del estado de Morelos.

Tiene razón el Secretario de Gobierno, Jorge Messeguer, cuando afirma que la decisión del Congreso local no constituye un revés para el gobierno. Estamos en presencia de un escenario inédito en el que caben todos los comportamientos que razonablemente pueden expresarse en el marco de un régimen democrático. Pero, no obstante lo anterior, me parece que sería  necesario desplegar una estrategia de comunicación institucional para informar con precisión a la ciudadanía sobre el retraso de la elección del procurador, así como sobre las tareas que actualmente realiza la procuraduría. Porque, francamente, los ciudadanos no estamos seguros de que  la Procuraduría de Justicia actualmente cumpla con eficacia  las responsabilidades que le competen.
Es urgente precisar los efectos del retraso de la decisión del Congreso para evitar mayor desconfianza.  Los amplios segmentos de la población que cifraron enormes expectativas en la capacidad política del gobernador Graco Ramírez para encarar con inteligencia y perspectiva de Estado el problema estructural de la inseguridad tienen derecho a saber qué implicaciones se generan con el retraso de esta decisión, más allá de la relación equilibrada entre los poderes.
No se trata sólo de un problema de entendimiento entre actores políticos. Se trata de brindar la respuesta que la sociedad espera de los poderes públicos,  que es reconstruir las capacidades de la trama del Estado como condición necesaria -aunque no suficiente- para empezar a recuperar la certidumbre perdida.  

lolita_panorama@yahoo.com.mx