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Juan el maiceador

El papel de Juan Ángel Flores Bustamante como presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso Estatal hace agua. La inconsistencia de su operatividad política ante las bancadas del PRI y el PAN no abona a la gobernabilidad de la Nueva Visión. Otro coordinador de la fracción perredista habría evitado que los diputados priistas y panistas “reventaran” la sesión del sábado, aplazados para la de este día temas cruciales como la aprobación del presupuesto 2013 y la autorización del crédito del Ayuntamiento de Cuernavaca. Quizá. Su manejo del debate por la terna para procurador de justicia ya lo había metido en aprietos. Contradictorio, un día dijo una cosa y luego otra distinta. Primero que la terna no sería regresada al Ejecutivo y después que sí. Sus compañeros lo notaron: se dejó seducir por Carlos de la Rosa, y sugiriendo el “maiceo” como la típica fórmula de negociar acuerdos bajo la mesa, se volvió sujeto de desconfianza para su jefe político. Llevado de la mano por Graco Ramírez a la presidencia del PRD estatal y a la diputación, parecía que daba para más… HASTA antes del año 2000 los emplacamientos de vehículos de servicios privado y público habían sido cada seis años, y cada cuatro desde la llegada de Vicente Fox a la Presidencia. Excepto el Distrito Federal que desde entonces lleva dos, los gobiernos de las demás entidades vieron en los cambios de chapas la oportunidad de allegarse recursos. En Morelos las administraciones panistas de Sergio Estrada y Marco Adame nos endilgaron tres, en 2001, 2005 y 2008, y el gobierno perredista de Graco Ramírez ya prepara su primer emplacamiento para el año próximo. Esto según anuncio del director de Transporte y Movilidad, David Gómez Basilio. Contemplado un parque vehicular de alrededor de 400 mil unidades y la diferencia de que las láminas, engomados, tarjetas de circulación y licencias de conducir tendrán un código de seguridad,  el contrato de manufactura de las placas no será forzosamente licitado, por tratarse, según la declaración del funcionario, de un asunto de seguridad. Todo lo cual cae en el resumen elemental: uno, el Gobierno del Estado necesita los recursos del reemplacamiento, pero el Congreso Estatal debería etiquetarlos para obra pública; y dos, licitada o no la compra de las láminas y demás, tal vez un comité auténticamente ciudadano con acceso a toda la información cancelaría la posibilidad de un negocio personal de varios millones de pesos. Imputado de que en su anterior paso por la misma dependencia vendió concesiones de transporte público, su condición de pastor religioso no garantiza que Basilio Gómez resista el pecado del dinero mal habido. Si trabajando para un gobierno de derecha burló el principio constitucional de la separación iglesia-estado, repitiendo en la titularidad del puesto da al traste con el postulado juarista de los gobiernos de izquierda. La hipocresía, pues, que también es pecado. Y por cierto: aprovechando el recontraemplacamiento, podrían aplicar los seguros de daños a terceros. Pólizas baratas, en volumen, para que no transite vehículo alguno sin este tipo seguro… incluido el riesgo de otro negocio para Basilio y sus colaboradores cercanísimos… ME LEEN MAÑANA.