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Enésima nomenclatura

Pues na’ (expresión gallega), que de ahora en adelante se hablará de la Secretaría del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano “para tratar las cuestiones de las tierras y aguas de la Nación, según  la iniciativa enviada al H. Congreso de la Unión para modificar la estructura de las secretarías de Estado  del Poder Ejecutivo 2012 / 2018. En 1920 se denominó Comisión Nacional Agraria. En 1928 fue Comisión Agraria Mixta. En 1934,  Departamento Agrario; en 1964, Departamento de Asuntos  Agrarios y Colonización; en 1970, Secretaría de la Reforma Agraria. ¡Qué cosas! ¡Qué casos! 1º. Entre  los  pobladores originales que ocuparon estas latitudes, se reconocieron cuatro formas de posesión de las tierras: “ michimalis”, del ejército; “calpulalils”, del pueblo; “teotlalpan”, de los dioses y clero; “altepetlalis”, de la nobleza. 2º. En la Nueva España, 1521 / 1810, la posesión de las tierras se configuró en un reagrupamiento de  tres categorías: mayordomías, corregimientos y encomiendas. En 1570, el Rey Felipe II expidió la Cédula Real ordenando que las tierras localizadas a 500 varas de distancia  del templo del pueblo se destinaran a producir comida. Se  denominaron ejidos, término  derivado  del latín “exit”, salida. 3º. En el siglo XIX se integraron grandes latifundios,  el despojo de sierras de las comunidades indígenas (leyes Lerdo de 1870); en  1910, eran 836 familias las dueñas del territorio agrícola y ganadero del país. En cierta ocasión, le preguntaron al gobernador Terrazas: ¿Usted es de Chihuahua? “No. Chihuahua es  mío”, contestó. 4º. La lucha armada revolucionaria,  1910 /  1920, se efectuó bajo los paradigmas de “Tierra y Libertad”, “las tierras  son para quienes las trabajan”, al costo de 2 millones de vidas campesinas que regaron con su sangre las  tierras que reclamaban como suyas.  5º. De 1920 a 1940 se efectuó el gran reparto agrario, beneficiando a 3.5 millones de campesinos ejidatarios y a un millón de comuneros, y respetando a 500,000 pequeñas propiedades amparadas. Las acciones se realizaron jurídicamente mediante  el  Código Agrario de 1920,  el de 1934 y Ley Federal de Reforma Agraria de 1971. Intensos esfuerzos gubernamentales se han  efectuado  para dar certeza  jurídica  en la tenencia de la tierra: el  94% de ejidos y comunidades quedaron regularizados y asegurados en su patrimonio familiar, apoyando económicamente a sus proyectos productivos mediante una lógica comercial que busca cultivos rentables. Trágicamente, la contrarreforma agraria de diciembre de 1991, inducida por el nefasto salinato, 1988 / 1994, aventó  al despeñadero al campo, a los campesinos morelenses y del país, perdiéndose el sentido social de la propiedad rural, dando paso al sentido individual de la misma, con las  siguientes medidas: se canceló la dotación y aguas mediante expropiaciones necesarias;  se protegió a propietarios amparados contra el reparto de sus propiedades; se permitió el fraccionamiento de las adquisiciones individuales; las sociedades mercantiles por acciones pueden comprar tierras. En síntesis,  el  cambio legislativo  al artículo 27º. constitucional de 1991 ha constituido  la más  grave  afrenta contra las luchas campesinas, porque  ha cancelado  el reparto, establecido  vías para privatizar la propiedad ejidal / comunal; ha propiciado la concentración de predios;  provocado la disminución y desaparición de ejidos;  destruido  las aspiraciones de jóvenes campesinos sin tierras;  disminuido  las superficies de tierras cultivables, mostrando superficies erosionadas;  incipiente, 10%; moderada, 30%; intensa 50%; degradadas totalmente, 10%. CONCLUSIONES. 1º.- La realidad agraria está llena de contradicciones. 2º.- Es imperativo entenderlas como problemas para ser capaces de eliminarlas o por lo menos reducirlas, a efecto de proteger al campo y a los campesinos morelenses y del país. 3º.- Eludir la paradoja riqueza ejidal / pobreza rural. ¿Qué hacer? Acudir a los conocimientos derivados de la  ciencia, tecnología, orientación, información, divulgacion, capacitacion. Es cuanto.

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