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El saqueo de los municipios

Parece que pocos se salvan: Tulum, Quintana Roo; Acapulco, Guerrero; Puerto Vallarta, Jalisco; Rincón de Romos, Aguascalientes; Atzala, Puebla; Atotonilco de Tula, Hidalgo; Galeana, Chihuahua; 16 ayuntamientos de Yucatán. Y la cereza en el pastel: Chiapas, con 60 municipios señalados –o sea, casi la mitad del total de ayuntamientos de la entidad—, 6 de ellos con los alcaldes en manos de la PGR… ¿Por qué? Sería la pregunta. Pues por corrupción, desvío de recursos, y concretamente en el caso de los ex alcaldes chiapanecos que ya están presos, “peculado, asociación delictuosa y ejercicio ilegal de servicio público”…
El caso es que la deuda interna municipal de este país es tan espectacular como que llega a $278,000,000,000.00 (278 mil millones de pesos). Según Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, en los 210 municipios que concentran el 64% de la población, los administradores, es decir, los alcaldes, abusaron de los recursos públicos, pues “no se justifica el uso de los mismos en la ejecución de obras o en términos de crecimiento del aparato administrativo y burocrático de los gobiernos”. La pregunta que sigue es cómo y por qué se dio la situación, y al respecto, Jaime Nezahualcóyotl, experto de Locallis –una organización que investiga la transparencia en los municipios del país—, dice que “no hay rendición de cuentas en este nivel de gobierno, ni castigo a quienes incurren en anomalías”.
Afortunadamente, algo está cambiando, y ahora vemos que en los casos de Chiapas, por lo menos, no les han valido ni siquiera los amparos, y los ex alcaldes están tras las rejas en el penal del Amate de Cintalapa. A ver cuánto duran, porque es muy probable que con los millones que se robaron, puedan salir en un plazo breve a disfrutar de lo que les quede.
El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, señaló que “ha habido saqueo de las arcas municipales” desde siempre. Y abundó: “Durante años insistimos que en relación al Poder Ejecutivo Federal, los estados no habían avanzado en transparentar cuentas públicas, uso de recursos y ejercer control sobre sus autoridades. Y en lo que hace a los municipios, están mucho más rezagados. Nuestro eslabón más débil en transparencia, rendición de cuentas y control es el municipio”.
Se supone que eso se acabó, porque la Ley de Transparencia, que todavía huele a fresco de tan nueva, va a impedir que las autoridades de los ayuntamientos actúen como lo han hecho hasta ahora, en que el robo a las arcas municipales ha sido descarado. Y no tenemos que ir hasta Chiapas, ni al cercano Guerrero, o hasta Yucatán. Aquí mismo estamos viendo qué es lo que sucede con las alcaldías morelenses, donde pocas se salvan de haber padecido la rapiña feroz que no ha dejado ni el polvo en las arcas municipales, además de haberse endeudado y también haber desaparecido cantidades sólo imaginables en las mentes de Alí Babá y sus 40 ladrones… Autoridades abusivas y extorsionadoras en algunos casos; en otros, en abierto contubernio con desarrolladores inmobiliarios, se dejaron tentar hasta lograr cambios de usos de suelo, actuando como viles caciques, en detrimento de las alcaldías que manejaron como si fuera su propia hacienda… Además de abusivos y caprichosos, se dieron el lujo de evitar rendir cuentas a sus propios “maiceados” cabildos, y cuando, en aras de esa transparencia que en muchos casos se ufanaban de respetar, les era preguntado el motivo de los endeudamientos brutales, respondían con el desplante de que todo estaba perfectamente claro, que el Congreso había autorizado, que el gobernador había avalado, que todo estaba en orden… ¿O no fue así, Manuel Martínez Garrigós? Por sólo citar el caso que tenemos más a la mano, o sea, el del ex alcalde de Cuernavaca, quien un año antes de concluir el mandato, y al cabo de dos años de haber llenado de publicidad esta ciudad con la intención de ser candidato del PRI a gobernador de Morelos, y acabar en la frustración que lo vio emberrincharse hasta lanzar injurias a los jerarcas del PRI nacional, quienes según él le impedían alcanzar su delirio, se fue a cobijar bajo el sagrado manto del fuero que le da la curul plurinominal. Con lo que probablemente quiso mostrar que todo era, menos tonto para dejarse atrapar con los dedos en la puerta.
Ahora las consecuencias son las que quizá debieron preverse: múltiples demandas en su contra, entre otras, las de los empleados del Ayuntamiento de Cuernavaca, a quienes les fueron esquilmados los ahorros pagados por ellos y retenidos por la alcaldía; el caos general entre los burócratas de la casta dorada que no quieren abandonar sus cargos, aunque su ciclo ha terminado. A lo mejor lo hacen porque, como en muchos casos, aconsejados y auspiciados por el propio Martínez Garrigós, cometieron actos ilegales de los que ahora les serán pedidas cuentas que no serán muy alegres. Otros, en cambio, huyen, como es el caso de la contralora de Martínez Garrigós y de Sánchez Gatica, la licenciada Araceli González Verazaluce, quien, en el colmo de su conducta delictiva, no se presenta a la entrega de su oficina; esa Contraloría cómplice que representó un coto de poder de Manuel Martínez Garrigós –aun habiendo dejado éste la presidencia municipal—, y que sólo sirvió para encubrir sus fechorías y poder concretar sus venganzas personales.
Sin que sean novedad los desfalcos, los desvíos, el robo, los negociazos, las prebendas a los cuates, etcétera, porque el Diario de Morelos ha venido dando cuenta puntual de ello durante estos tres años, lo que sí resulta novedoso es el monto del quebranto cometido contra las arcas municipales. Nada más y nada menos que mil millones de pesos. En efecto, el síndico municipal y ex diputado priísta Fernando Martínez Cué reveló que, hasta donde ha podido investigar en tan sólo cinco días, Martínez Garrigós y sus secuaces se llevaron esa nada despreciable cantidad de recursos públicos. Esos sí son millones.
Además de la desaparecida Araceli González Verazaluce, en la lista de presuntos cómplices de Martínez Garrigós aparecen Nelson Torres Mondragón, Alma Graciela Domínguez Torres y Javier Nava Castillo, ex tesoreros los tres; Rafael Rubio Quintero, ex secretario de Obras Públicas, famoso no sólo por sus negocios, sino por la “puerqueza”; Abel Millán González, quien operó las transas desde SAPAC; y otros muchos funcionarios menores, como el maestro Salvador Valencia Barrios y Lucio Rodríguez Trejo, entre otros…
La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos prometió que, en un plazo máximo de dos meses, hará públicos los detalles de los quebrantos padecidos. Los ciudadanos de Cuernavaca esperamos que efectivamente se castigue a los culpables, porque ya anunciaron el clásico “caiga quien caiga”, así sea desde la presidencia del comité estatal del PRI. Sin embargo, Manuelito goza del fuero que le otorgó su partido al hacerlo diputado, y de decenas de amparos bajo el brazo, porque a él no le cuestan los abogados. Lo importante es que los crímenes no queden impunes y que los culpables reciban su castigo… Hasta el martes.  

nadiapiemonte@gmail.com