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El peor estado del país

En la primera reunión del Gabinete de Seguridad del presidente Peña Nieto con el gobernador la plática empezó con las tersas formas de la política cuando se teje entre compañeros de partido. El mandatario federal, muchos de sus secretarios de Estado y el titular del ejecutivo local pertenecen al PRI. Luego el encuentro se descompuso.
Antes de llegar a ese momento, retrocedamos en el tiempo: durante los meses en que trabajó el Equipo de Transición, el diagnóstico del área de Seguridad de la administración entrante había ubicado a Durango como la entidad con mayores problemas por la penetración del crimen organizado.
No Tamaulipas, donde parece que los criminales vencieron y mantienen arrinconada a la autoridad política. No Nuevo León, donde es casi unánime la opinión de que las cosas van mejor. No Chihuahua, que sigue teniendo el récord de ejecuciones. No Guerrero, Michoacán ni Coahuila. Durango.
El diagnóstico se confirmó al integrarse de lleno el gabinete, ya con titulares de las Fuerzas Armadas, control de las áreas de inteligencia del Ejército y la Marina, así como del Cisen.
Recorrer La Laguna, los quince municipios donde convergen en una misma zona metropolitana Coahuila y Durango, es constatar que tenían razón:
En Torreón, Coahuila, la gente vive con pánico y se ha impuesto por necesidad un toque de queda al caer el sol, entre balaceras y ejecutados. Pero “cruzandito” el río Nazas, se entra a un pueblo vaquero –peor que eso– llamado Gómez Palacio, Durango: no hay policía porque los agentes fueron capturados por presuntos vínculos con el narcotráfico, no hay cárcel porque el penal fue cerrado ya que servía a los capos como cuartel general de donde los “internos” salían a matar por la mañana y volvían a dormir por la noche, y no hay a quién denunciar delitos porque la Fiscalía está virtualmente cerrada tras haber sido objeto de múltiples ataques que hicieron huir a los funcionarios.
El gobernador de Durango, el priista Jorge Herrera Caldera, lleva tiempo sin pararse por La Laguna, aunque es parte económica y social fundamental en su entidad. Veintidós sujetos murieron en el penal de Gómez Palacio en un intento de fuga y luego entró la autoridad federal para desmantelarlo. El gobernador no dijo nada. Atacaron varias veces la Fiscalía y mataron a tres funcionarios. El gobernador no declaró nada. Las policías locales de Gómez y de Lerdo fueron desintegradas pues detuvieron bajo sospecha a más de 150 agentes. El gobernador no se ha pronunciado. Ya sin contar que la información del gobierno anterior que marcaba que Joaquín “El Chapo” Guzmán vivía (¿sigue viviendo?) en la sierra duranguense.

Por eso, aquella reunión entre Herrera Caldera y varios integrantes del gabinete del presidente Peña terminó mal. Pusieron de lado las formas y le leyeron la cartilla: que ninguno de sus colaboradores encargados de combatir al crimen era de la confianza del gobierno federal porque se entendían con los cárteles. El gobernador se reacomodó en su silla y pidió comprensión y ayuda.

carlosloret@yahoo.com.mx