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Desaparecen los implicados en el caso Tres Marías

La Procuraduría General de la República informó en un comunicado, la madrugada del viernes, que los agentes federales implicados en el caso Tres Marías fueron consignados ante un juzgado federal por su participación en el ataque a dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), pero los representantes legales de los 14 policías informaron que desconocen el paradero de los involucrados, luego de que fueran retirados del Centro Nacional de Arraigos. Los abogados comentaron lo anterior al arribar a las puertas del penal de Atlacholoaya, municipio de Xochitepec. A las 23:30 horas del pasado jueves llegó el primer abogado, quien, por motivos personales, no quiso mencionar su nombre, para verificar que los agentes se encontraran ya en este penal morelense, pero al cuestionar al guardia del Centro de Reinserción Social Morelos le informó que no estaban en al interior del mismo. ¿Había mucho tráfico? ¿Los trasladaron a otro penal?
El día de ayer fue de extrema tensión para los abogados de los policías federales arraigados por el caso Tres Marías. El abogado de Humberto Segovia y José Garrido, dos de los policías detenidos por su presunta participación en contra de funcionarios diplomáticos de los Estados Unidos, llegó a la una de la mañana del viernes y afirmó que desconoce el paradero de sus clientes, ya que no le fue notificada información alguna en torno al caso. El litigante Enrique Rusty  Mondragón Huerta aseguró que, alrededor de las 19:00 horas del jueves, llegó un autobús ministerial al centro de arraigo, de donde sacaron a los 14 policías federales, aproximadamente a las 20:00 horas.  Dijo haber seguido al autobús hasta el aeropuerto de la Ciudad de México y que, al ingresar al hangar de la Procuraduría Federal de la República, les impidieron el acceso; después de eso no hubo información de los detenidos y les perdieron el rastro. El abogado indicó que, tras estos hechos, los policías a quienes representa quedaron en un “estado de indefensión jurídica”: si llegan a cualquier reclusorio y él no está presente durante la declaración preparatoria, los tendría que asistir un abogado defensor de oficio, quien, lógicamente, no está empapado en el caso de los acusados; y aseguró que sus clientes están siendo juzgados de manera errónea porque ellos se encontraban investigando un secuestro el día de los hechos, y que  ordenaron a la camioneta que hiciera  alto y, al no detenerse, pensaron que llevaban a personas secuestradas.
Los 14 policías federales, asignados a la Delegación Tlalpan, son acusados de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y daño en propiedad ajena, por el atentado contra los diplomáticos ocurrido el pasado 24 de agosto en Huitzilac. La PGR afirma que los elementos policiacos intentaron privar de la vida a dos funcionarios de la Embajada de Estados y a un elemento de la Armada de México que viajaban en la camioneta Peyota, tipo Land Cruiser, color negro. Según la dependencia federal, las armas utilizadas en el incidente corresponden a los policías consignados, quienes iban en vehículos particulares de su propiedad y vestían de civiles; sin embargo, al presentarse los inculpados ante el Ministerio Público de la federación lo hicieron uniformados y a bordo de las patrullas que tenían bajo su resguardo. Entre las personas detenidas, a quienes un juez federal dictó orden de aprehensión, se encuentra un empleado administrativo de la estación Tlalpan, quien presuntamente participó y llevaba arma de fuego sin contar con permio para portarla; un elemento consignado por el delito de falsedad de declaración ante autoridad distinta de la judicial, porque negó su participación y ésta fue comprobada en las actuaciones ministeriales y cinco elementos de la Policía Federal acusados de encubrimiento  al permitir que los agentes,  presuntamente responsables de la agresión a los diplomáticos se retiraran del lugar de los hechos. Del otro lado de la frontera, un alto funcionario ligó a los agentes con el crimen organizado y en torno a los hechos precisó a la Agencia de noticias AP: “Aquí no se trata de un operativo de vamos a pedir soborno por una infracción de tránsito. Se trata de alguien con una arma automática de alto calibre que descarga un cargador, recarga y sigue disparando al mismo punto, claramente con la intención de penetrar el blindaje y presumiblemente matar a quienes están adentro”. ¿Quién tiene la razón? Si el asunto fuera netamente político, jamás lo sabremos.
 
helenacardenas@hotmail.com