Declaración oportuna y pertinente

Hace unos días, el Gobernador electo Graco Ramírez  hizo una declaración que no tuvo la repercusión adecuada en la opinión pública,  por lo que me parece interesante recuperar su expresión.  Durante una reunión con líderes religiosos cristianos, Graco Ramírez afirmó: “Morelos será un estado laico”.   Aseguró que en su gobierno existirá equilibrio en la atención a las diferentes religiones, pero advirtió que no se confundirá al gobierno con las visiones religiosas, porque se excluiría a aquellos que no tienen ninguna decisión de carácter religioso.  Ante tal declaración, vale la pena recordar lo que significa un Estado (con E mayúscula) laico, y cuáles son las decisiones que un gobierno puede tomar en función de esa postura.

Por definición, un Estado laico o secular, es decir, no religioso, actúa de manera independiente de cualquier organización o confesión religiosa, en la cual las autoridades políticas no se adhieren públicamente a ninguna religión determinada, ni las creencias religiosas influyen sobre las políticas públicas que se implementen. 

El Estado laico tiene como antecedente la separación Iglesia-Estado y se guía por una postura liberal y democrática,   cuya principal obligación es garantizar a sus habitantes las libertades y derechos no sólo de primera generación, como son los derechos civiles y políticos -que incluyen  el derecho a la libertad de pensamiento, de asociación y expresión, a la  propiedad, a la seguridad jurídica, a votar y ser votado, entre otros-, sino que además  intenta garantizar los derechos conocidos como de segunda y tercera generación, como son  los derechos económicos, sociales y culturales, entre los que se encuentran la seguridad social, el derecho a la educación, a la salud física y mental y a una calidad de vida adecuada. Por el contrario, en un Estado confesional  -lo opuesto al Estado laico-  prevalece la intolerancia, la discriminación, la prevalencia de intereses privados sobre los intereses públicos y la  imposición de dogmas de una minoría sobre la mayoría de la población.
Las anteriores reflexiones vienen al caso  porque no deja de llamar la atención que mientras  la legislación en la Ciudad de México es de lo más liberal y avanzada  en el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres  y el respeto a la diversidad de preferencias sexuales, a tan sólo 70 kilómetros de distancia  parece que estamos instalados en leyes del siglo XIX. Recordemos que, apenas hace 4 años, el Congreso de Morelos reformó el Artículo 2 de la Constitución Política estatal para agregar un párrafo en el cual se menciona la protección jurídica a todo ser humano desde el momento de la concepción, en contraposición al Artículo 119 del Código Penal de Morelos, que determina las causas por las que la interrupción del embarazo –un asunto de salud pública- no es punible; entre ellas, por una violación,  o que se ponga en riesgo la vida de la madre. Lo anterior es un ejemplo de los problemas que  se generan por la intervención de una visión religiosa de los asuntos públicos.
Por ello me pareció oportuna y pertinente la posición del Gobernador electo, de reafirmar el carácter laico del Estado en tiempos de confusión ideológica y de incertidumbre política. Morelos se ha insertado históricamente en la tradición liberal y democrática de México, y es deseable que ese lugar se consolide en los próximos años.