De elecciones onerosas a la tentación del fraude…

Hasta hace dieciocho años, la elección local se realizaba el primer domingo de marzo, así que el gobernador electo tomaba posesión el 18 de mayo. Por otra parte, las elecciones de presidente de la República, senadores y diputados federales se llevaba cabo,  como hasta la fecha, el primer domingo de julio. La asunción del Congreso de la Unión era días antes del 1 de septiembre, ya que se instauraba como Colegio Electoral para dar validez a la elección presidencial y tomarle protesta al flamante “rey sexenal”, de extracción del entonces partido aplanadora.
Aparte del actual despilfarro de procesos, simultáneos en fechas concurrentes y dineros abundantes, el aparato burocrático y la contratación de trabajadores eventuales, así como el apareamiento de sendos procesos, trajo otro tipo de desventajas en el aspecto netamente político. El antecedente de la debacle priista fue el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en la elección de julio de 1988, arrasado el PRI en Michoacán, Morelos y Guerrero y la capital del país. En nuestra entidad, aquel resultado –la derrota de Carlos Salinas de Gortari y el apabullante voto antipriista– fue aceptado por el sistema, superadas ampliamente las cifras de la oposición reconocidas por la Secretaría de Gobernación. Al frente de dicha  instancia controladora de la elección estuvieron el poblano Manuel Bartlett y la increíble “caída del sistema”.
Ocho años después, en 1996, durante el “sexenio” de cuatro años de Jorge Carrillo Olea, se hace efectivo el encabalgamiento calendárico de las elecciones y, nadie sabe para quién trabaja, el PRI resultó la víctima de tal mezcolanza.
De ahí surge la observación de que, separadas, de la elección federal y la estatal, generan resultados diferentes. Aparecieron entonces los fenómenos en “cascada” –también llamado “efecto Fox”– en 2000, y el “efecto López Obrador” en 2006, con la diferencia de que en este último se haya dado el llamado “fraude cibernético” contra el tabasqueño y a favor de Calderón.
 
HISTORIA “ELECTORERA”
El botón de muestra de tales prácticas que se dieron durante la friolera de 34 años de (1876-1910), la tenemos en Morelos con el fraude perpetrado a favor del coronel Pablo Escandón, favorito de don Porfirio y chapado a la usanza militar en las academias de Europa. A la muerte del gobernador morelense Manuel Alarcón (nativo de la hacienda de Buena Vista, al norte de Cuernavaca, lugar que es ocupado hoy por la XXIV Zona Militar), en 1909, los hacendados de la entidad le pidieron a “El Fifí” (como le llamaban en el círculo de sus amigos a Escandón) que “les hiciera el favor de gobernar Morelos”, a lo que, en un principio, renuente, el militar de cartón aceptó, también por la presión de su padrino militar y político y mandamás del país. Pero los hacendados, los porfiristas y Escandón no contaban con que muchos morelenses ya no aguantaban el atraco de tierras y la explotación de la gente. Comenzaron a organizarse, así que a principios de 1909 ya tenían candidato para la elección de ese año. Llamaron a Patricio Leyva (hijo del primer gobernador de Morelos, don Francisco Leyva) para que encabezara el club político antiporfirista. Las represalias no se hicieron esperar y, entre otros, apresaron al joven de Anenecuilco, Emiliano Zapata, so pretexto de que se había robado a una chamaca de Villa de Ayala, cuando en realidad hasta el viejo Porfirio sabía de la influencia de los Zapata en el Plan de Amilpas. Un tío abuelo de Emiliano había militado en las huestes independentistas de Mariano Matamoros, y otro tío, en las batallas contra los conservadores y antirreformistas-imperialistas de don Benito Juárez, de modo que, presurosos, los hacendados escandonistas les dieron tambo a los leyvistas. En octubre de aquel año se hicieron las elecciones; guardias rurales y pelones del ejército federal se encargaron de intimidar, golpear y hasta liquidar a los leyvistas rejegos. El fraude se consumó y “El Fifí” se apoltronó en la silla de gobernador, en aquel entonces ubicada en el Palacio de Cortés.

EPISODIOS
Otro sonado caso –si no de fraude, sí de cuartelazo a mansalva– fue el ejecutado por Juvencio Robles.  Apodado “El Antorcha de Oro” por su costumbre de quemar pueblos con toda y su gente dentro, a principios de 1912, en pleno activismo revolucionario, Robles llegó a Morelos, destituyó a la Legislatura local y, junto con el gobernador Benito Tajonar y la anuencia del gobierno federal, los envió en cuerda a la prisión de Lecumberri. Juvencio “El Incendiario” –como también le gustaba que le mentaran al pirómano guacho– llegó a sangre, cuchillo y fuego a Morelos, se puso de gobernador con la bendición porfirista y no paró en sus afanes de acabar con el zapatismo. No logró su objetivo, pero sí en cambio diezmó a la población de la entidad.
Guardadas las distancias históricas, la recurrencia al fraude y la imposición tuvieron sus manifestaciones con el timo de 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas y el Frente Democrático Nacional, a cargo de del hoy candidato a senador “lopezobradorista” Bartlett, Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari  y, en el 2006, versus Andrés Manuel López Obrador, a manos del panismo foxista-calderonista, con el robo  cibernético para la fabricada diferencia del 0.5 por ciento de los votos.

LA TENTACIÓN
Con todo y los antecedentes históricos, la tentación del fraude persiste. Engolosinada con el poder, la derecha no se lo va a dejar arrebatar tan fácil. Pero están preocupados. El PAN ha pasado a ser la tercera fuerza política en varios estados y casi nula en Guerrero, donde perdió el registro electoral. Es un hecho que la disputa por la Presidencia de la República estará entre Peña Nieto y López Obrador. Del Peje hay que considerar sus posibilidades de triunfo en al menos seis entidades densamente pobladas: Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Michoacán, Oaxaca y Tabasco; que obtenga una considerable cantidad  de votos en Veracruz, Chiapas y el Estado de México, mientras El Bajío y más arriba (San Luis Potosí y Aguascalientes) podría mantener su preferencia confesional-política, el tabasqueño terco podría conseguir votos donde hace seis años no los tenía, verbigracia, la industriosa Monterrey, tan castigada por la violencia del crimen organizado a que dio lugar la guerra fallida de Calderón al narcotráfico.
La  “tentación del fraude” se podría repetir con la sencilla operación de alterar las actas de los paquetes electorales, una vez que éstos ya estén en las oficinas distritales del IFE. Por suerte, está de por medio la legislación que se logró el año pasado para el recuento del “voto por voto”, ante la posibilidad de resultados muy apretados entre un candidato y otro. En junio del año pasado, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó cambios en su Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales, para garantizar que las peticiones de recuento voto por voto que se presenten en la elección de 2012 no impidan que el conteo de sufragios concluya a tiempo. El IFE tomó esta decisión, luego de que la Cámara de Diputados congeló la reforma política -–aprobada por el Senado en abril pasado– que contenía disposiciones al respecto. Por ello el Instituto aprobó también cambios para incrementar el número de personas que en los consejos distritales participarán en el recuento voto por voto, por lo que ya no será necesario ser miembro del Servicio Profesional Electoral para tomar parte en los recuentos de sufragios. Según los archivos del atrilero, a mitad del año pasado el IFE dio a conocer que un mes antes de la elección las juntas locales y distritales presentarán sus propuestas de personal, para realizar los conteos y los capacitadores electorales, y que los miembros de las juntas distritales podrán participar en los recuentos. Sin estos cambios, el conteo de votos demoraría cinco días más de lo previsto, pues se tiene la experiencia de que en el conteo de cada paquete electoral  se invierten 30 minutos. Todos estos ajustes se hicieron ante la presión política y social desatada luego del conflicto postelectoral de 2006, cuando el candidato presidencial perredista, López Obrador, demandó la apertura de paquetes electorales y el recuento “voto por voto, casilla por casilla”, de manera tal que  a los legisladores no les quedó más que aprobar los cambios a la normatividad electoral y permitir con ello el recuento en los distritos electorales.
Si volvemos a las cifras a “ojo de buen cubero”,  hay que considerar  que López Obrador obtuvo más de 15 millones de votos, los cuales ahí están. No son del PRD, ni del PT ni siquiera del Morena, son votos netamente “pejeros”. A lo cual habría que a añadir el saldo de la indignación contra los gasolinazos, la escasez de empleos y, ante todo, los resultados de la violencia con dedicatoria por parte de las víctimas de la guerra calderonista. La misma Procuraduría General de la República (PGR) admite que los “daños colaterales” (es decir, la muerte de civiles en fuego cruzado entre delincuentes y militares y policías) y las víctimas directas de tal “guerra” ascienden a 47 mil defunciones, cantidad conservadora si consideramos que la PGR y el Ejército reportan pocas bajas en sus filas y sólo aceptan heridos. Otros recuentos colocan en 60 mil los muertos, número que, si lo multiplicamos por el número de miembros de familiares y deudos de esas personas caídas, de uno y otro bando, aparte de los civiles sin culpa, tendremos el aproximado de votos potenciales que serán endosados en contra de la candidata panista y a favor de cualquiera de sus contrincantes. A las elecciones “encimadas” o “empatadas”, pues, habría que sumar el efecto de las políticas gubernamentales en el ánimo de los votantes. El primer domingo del próximo julio podrá ser memorable… ME LEEN MAÑANA.
 
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