Cadena de corrupción

Sin embargo, sólo ocho horas duró presa la ex funcionaria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), reservado su derecho a declarar sobre un presunto soborno que involucraría al entonces presidente del TSJ,  Ricardo Rosas Pérez, a la jueza Guillermina Jiménez Serafín, quien absolvió al junior Juan José Pedro Sarquis, y a los magistrados que confirmaron la absolución, Virginia Popoca González, Ramón García Jácome y Ezequiel Honorato Valdez. Muerto Braulio de un balazo la noche de muertos de 2002, nueve años después fue reabierto el caso. Estaba “perdido” el expediente que imputaba el delito de homicidio al joven Juan José, nieto del zar de los estacionamientos de la Ciudad de México. Perdido “misteriosamente” el expediente y recuperadas las copias hasta 2006, la denuncia llegó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde Rosas Pérez consideró “inconveniente” reabrirlo, argumentando que ya había sido revisado por autoridades federales. El requerimiento, en agosto de 2010, al Consejo de la Judicatura para que diera información sobre los funcionarios del TSJ que conocieron el asunto, así como el oficio de colaboración de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos fechado el 25 de enero de 2011, reavivaron la sospecha de un soborno millonario que desde el inicio había generado la liberación de Sarquis. La historia: El 5 de agosto de 2003 le dictan el auto de formal prisión a Juan José, acusado de la muerte del Braulio Paredes. El delito es grave: homicidio calificado, y no alcanza el beneficio de la libertad bajo fianza que sí les es concedido a nueve de sus amigos. Durante tres semanas los mantuvo arraigados la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en el Colegio de Policía. Sobre ellos pesó solamente el cargo de encubrimiento por favorecimiento. Un día después de que fueron internados en el penal de Atlacholohaya salieron libres mediante el pago de cauciones de 15 mil pesos, pero  Sarquis quedó preso, pues los demás le imputaron la autoría material del crimen. En las largas horas del arraigo cayeron en contradicciones, de modo que uno o varios acabaron declarando que Sarquis fue quien jaló el gatillo de la pistola .38 súper, la noche de muertos de noviembre de 2002 en el porche de la casa ubicada en el 42 de la privada Luxemburgo del fraccionamiento Burgos. En medio de una discusión, sacó el arma de la cintura a su escolta y le dio un tiro que entró por el tórax y salió por la espalda. Según admitieron los testigos, manipularon la escena del crimen bajo amenazas de muerte a ellos y sus familias. Subieron el cadáver a la recámara de arriba del garage. Lo bañaron, hasta ropa limpia le pusieron y lo cargaron en un Jetta negro. Por una mera casualidad fueron parados en la caseta del fraccionamiento. Los vigilantes tenían el reporte de unos asaltantes a bordo, precisamente,  de un Jetta. Sarquis pudo pasar porque iba en otro coche, un Mercedes. De inicio dieron dos versiones: que al guarura del junior se le escapó un balazo y que Braulio fue muerto por uno de varios sujetos que pasaron disparando desde un auto en macrha. Pero no obstante que de cualquier manera había un asesinato, quedaron libres, y no fue hasta ocho meses después que los pusieron presos. Los llevaron a declarar al Ministerio Público, y quedaron arraigados por un plazo de 30 días que la PGJ no necesitó cumplir. ¿Pero por qué en julio de 2003 y no en noviembre de 2004? La respuesta oficial fue que seguían las investigaciones, y el rumor en medios policiales y políticos, que la familia de Braulio presionó por el lado político. Surgió el dato respecto a una relación familiar de la víctima con un diplomático chileno, así  que la embajada del país andino habría pedido la intervención del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, para que el crimen no quedara impune. El joven asesinado era sobrino del entonces ministro chileno, José Miguel Insulza. La sentencia para el delito de homicidio calificado era de cuarenta años de prisión, pero pese a las declaraciones coincidentes de nueve testigos oculares del homicidio, el inculpado salió del penal Atlacholohaya con una sentencia absolutoria. Hoy, rompiendo la  cuerda por lo  más delgado, deriva en el eslabón más bajo de la cadena de corrupción, responsabilizada del “extravío” del expediente la secretaria de acuerdos… ME LEEN EL DOMINGO.
 
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