Diario de Morelos
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Atril: Las complacencias del fiscal

El columnista, que no es sabelotodo, dio por seguro el desafuero del diputado Alfonso Miranda Gallegos. Pero resulta que no. ¿Por qué? Debido a que el Congreso Estatal sólo puede quitarles el fuero al gobernador, los magistrados y los diputados cuando cometen delitos de orden federal, no del fuero común. No es el caso del petista Miranda, señalado en la solicitud del juicio de procedencia por el fiscal Rodrigo Dorantes Salgado de que el 3 de junio amenazó a los policías ministeriales cuando éstos intentaban detener al chofer de un camión cuyo número de serie estaba remarcado. O sea, un delito común, no del ámbito federal. Presentada el viernes la petición del juicio, ayer apareció una declaración del  presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, Isaac Pimentel. Advirtió: “En nuestro resolutivo (de los coordinadores de las fracciones parlamentarias) advertimos que sólo proceden los juicios de procedencia en contra de magistrados, consejos de la judicatura, diputados y contra el gobernador por actos delictivos del fuero federal, pero no así del fuero común, lo que significa que el fiscal del Estado no tiene ningún impedimento legal para detener y proceder penalmente en contra del magistrado Miguel Ángel Falcón”. De su lado el ex diputado panista y ex coordinador de Comunicación Social del gobierno de Marco Adame, Javier López Sánchez, envió el mismo lunes un correo al columnista confirmando el deslinde del Legislativo. Cita textualmente la fracción XLI del artículo 40 de la Constitución de Morelos (las “negritas” son nuestras): “Son facultades de Congreso… declarar que ha lugar o no a formación de causa por delitos federales en contra de los Diputados Locales, Gobernador y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y Consejeros de la Judicatura, en términos del artículo 111 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”. Y vierte una serie de preguntas con respuestas (enfatizadas por él en “negritas”) que considera obvias: “¿Qué pasara con el caso del diputado Alfonso Miranda, para quien el Fiscal solicitó la separación del cargo por la presunta comisión de delitos del fuero común? La respuesta es simple. Debe desecharse de plano y sin entrar al estudio de los delitos que se le imputan. La razón es porque debe resolverse de igual forma que el caso del magistrado Falcón (se anexa el dictamen). ¿Qué dijo la Junta al respecto en el dictamen hace unos días? Que el Fiscal acusó al Magistrado Miguel Ángel Falcón por  un delito del fuero común y la actual redacción del artículo 136 de nuestra Constitución, solo prevé que inicie el proceso de separación para Magistrados, Diputados y otros, por delitos federales. Por tanto la Junta (Política)  desecho la petición del Fiscal, incluso sin entrar al estudio de las causas o delitos que se le imputaban. En consecuencia la Junta no puede resolver de otra forma el caso del diputado Miranda. Lo contrario sería exponerse al descredito y a la crítica fundada. ¿La pregunta entonces es qué pasará con Falcón y en su caso con Miranda? ¿Pueden incurrir en delitos comunes y ser impunes? ¿Para eso cambiaron la Ley los Diputados? La respuesta es NO, el Fiscal NO requiere del Congreso para someterlos  a juicio penal, debe darles el tratamiento de cualquier ciudadano, es decir, pedir la orden de aprehensión a un juez y, si éste la considera fundada, la obsequiará para que los detenga en cualquier lugar donde se encuentren, excepto dentro del Congreso”. Pero quien vio a Miranda perfilado al desafuero es el todavía presidente de la Mesa Directiva del Legislativo local, Juan Ángel Flores Bustamante, detallando el procedimiento para el desafuero que fue sintetizada en el Atril de ayer, cuando de acuerdo a lo dicho por el propio diputado perredista “el Congreso deberá dar cuenta de la solicitud del juicio de procedencia en la sesión ordinaria inmediata a la recepción de la misma”. Pergeñada esta entrega antes de la sesión de ayer mismo, una pregunta más: ¿será capaz el fiscal Dorantes de pedir y obtener una orden de aprehensión versus Miranda, cuya imagen pública es la de un presunto delincuente? Y este recordatorio: en declaraciones a medios del comisionado estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, lo ha mencionado como un sujeto relacionado en averiguaciones de la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada). Se puede concluir, pues, que a lo mejor esta historia aún no termina… ME LEEN MAÑANA.