Diario de Morelos
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–Huexca y la reconquista española…

Con tantos dimes y diretes por el “sí” y el “no” a la gasera en el pueblo de Huexca –eso queda en el municipio de Yecapixtla, más allacito de Cuautla–, como que se nos anda pasando un pequeño detalle que no es menor: ¿quién o quiénes son los inversionistas de esa cosa proyectada para generar y vender electricidad? Abundando datos publicados ya, pero dejados de lado por la ignorancia o conveniencia de voceros oficialistas, hasta donde el atrilero de los domingos puede saber, los grupos Abengoa y Elecnor, ganadores de la licitación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para construir la termoeléctrica, tienen experiencia en tales negocios. Aquí anotamos algunas características de tales emporios energéticos.
En diciembre pasado, el grupo español de ingeniería y energía Abengoa informó oficialmente sobre su plan de construir  una central eléctrica en Morelos por 440 millones de dólares. El proyecto de ingeniería y construcción de esta central, de 640 megavatios de potencia, formará parte de Proyecto Integral Morelos en la localidad de Huxca, “llave en mano” como responsable del proyecto la transnacional Abengoa para la construcción de la planta, encargada tanto de la ingeniería como del desarrollo integral. Y aquí surge las primeras cuestión de las muchas que muestra el galimatías: ¿serán técnicos mexicanos de la CFE o españoles de Abengoa quienes construyan y manejen la planta? ¿A cuántos morelenses tienen contemplados en la fase de construcción y de operación? De acuerdo a un documento de la empresa, “la nueva planta de generación eléctrica entrará en operaciones en 24 meses y formará parte del plan con el que el gobierno mexicano desarrolla las infraestructuras de la región central del país”, es decir, la susodicha productora de electricidad comenzará a producirla por allá de mediados o finales de 2014. Otra pregunta: ¿Abengoa le va a vender la energía eléctrica generada a la CFE, o  ésta la revenderá a sus clientes?
De acuerdo a la propaganda de Abengoa, “la central desarrollada será una de las más innovadoras y avanzadas de México y, una vez en operación, será capaz de generar la energía suficiente para abastecer a más de 280,000 hogares”. Presume que dará  más de 700 nuevos puestos de trabajo en la zona durante la fase de construcción. “Este proyecto representa una nueva muestra de confianza de CFE en nuestras capacidades de desarrollar de manera integral proyectos de grandes infraestructuras energéticas”, dijo un optimista y risueño consejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez. Pero del impacto ambiental nadie se acuerda, más que los lugareños.
Originalmente llamada Electrificaciones del Norte, la otra empresa asociada es Elecnor, igualmente española, dedicada a la ingeniería y fundada en Bilbao el 6 de junio de 1958 por un grupo de familias que la siguen controlando por medio de la sociedad Cantiles XXI. Tiene representación en 20 países y da trabajo a 10,000 empleados, constituido el consorcio por cuatro empresas en sus principales áreas de negocios: Elecnor Infraestructuras, Elecnor Renovables, Elecnor Concesiones y Elecnor Deimos. Hasta ahí. Falta saber nombres de los inversionistas españoles –y presuntos socios totonacas emboscados–  que se beneficiarán con la concesión de la producción de electricidad en esta parte de México. Elecnor es la encargada de construir el gasoducto que atravesará los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Explica que en su primera etapa recorrerá 160 kilómetros, afectando 2 mil propiedades de 77 ejidos de 22 comunidades. Abastecerá de gas a la termoeléctrica con un diámetro de 30 pulgadas que, enterrado a 2 metros de profundidad, transportará 9 mil 61 millones de litros de gas metano al día y pasará por debajo de 60 pueblos.
En Morelos, subrayan en un documento entregado a los gobiernos de los tres estados, el gasoducto recorrerá 23 kilómetros en una zona de alto riesgo. El Comité Científico de Riesgos del Volcán Popocatépetl del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomendó no construir el gasoducto, mientras especialistas del Centro Universitario para la Prevención de Desastres de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla indicaron que no es viable construir el gasoducto ni la planta termoeléctrica, por el riesgo que representan.
El documento agrega: “El gasoducto fue concesionado a la empresa española Elecnor, con una inversión de 175 millones de dólares, 45 millones de dólares menos que su empresa competidora, la Transportadora de Gas Zapata. Fueron 30 empresas las que se propusieron para la licitación del gasoducto: empresas japonesas, canadienses y estadounidenses, y al final quedaron tres”.
Con estas y otras expropiaciones “de facto”, los gobiernos panistas y lo que ya se ve en el peñanietismo están echando por la borda la nacionalización de la industria eléctrica que el 27 de septiembre de 1960 comenzó el presidente Adolfo López Mateos. Ausente en el debate por el caso Huexca, refresquémosle la memoria a la derecha decadente, al “nacionalismo revolucionario” que se avecina y a “la izquierda” de merengue:
 
LA EXPROPIACIÓN
En 1960 inicia la nacionalización de la industria eléctrica con la compra de las empresas que tenían a su cargo el suministro de luz. El gobierno adquirió en 52 millones de dólares el 90% de las acciones de The Mexican Light and Power Co., y se comprometió a saldar los pasivos de esta empresa que ascendían a 78 millones de dólares. Por 70 millones de billetes verdes obtuvo las acciones de la American and Foreign Power Co. Posteriormente cerró la operación, comprometiendo a ambas empresas a invertir en México el dinero que recibieran para evitar una excesiva exportación de divisas. Además, la nación recibió el edificio situado en la esquina de Melchor Ocampo y Marina Nacional, en la Ciudad de México, así como todos los inmuebles y muebles de las estaciones y plantas termoeléctricas e hidroeléctricas en el interior del país. Ese año, López Mateos envió al Senado de la República el proyecto de reforma al artículo 27 constitucional que, aprobado y publicado en el Diario Oficial el 23 de diciembre de 1960, consumó jurídica y financieramente la nacionalización de la industria eléctrica.
Con la compra de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz (la denominación que adquirió The Mexican Light and Power Co.) y sus filiales, la nación adquirió 19 plantas generadoras que servían al Distrito Federal y a los estados de Puebla, México, Michoacán, Morelos e Hidalgo, así como 16 plantas hidráulicas y 3 termoeléctricas térmicas cuya capacidad instalada ascendía a 667,400 KW. Las plantas más grandes de aquellos años eran las hidroeléctricas de Necaxa, Patla, Tezcapa, Lerma Villada, Fernández Leal, Tlilán, Juandó, Cañada, Las Fuentes, Temazcaltepec,  Zictepec, Zepayautla  y San Simón. En la actualidad, la capacidad instalada se integra con todas las formas de generación. Las plantas termoeléctricas representan el 44.80% de la generación, en tanto las hidroeléctricas son el 22.17%, seguidas de las carboeléctricas, que producen el 5.22% del total de la electricidad en el país; mientras las nucleoeléctricas contribuyen con el 2.74%, y con menor capacidad están las geotermoeléctricas, 1.92% de la generación total, y las eoloeléctricas con sólo 0.171%. Un caso especial son los productores independientes, que producen un alto porcentaje en relación con las otras formas de generación, ya que aportan el 22.98% de la capacidad instalada, según la CFE.
 
LOS DAÑOS
Con la frase de que “el impacto ambiental está calculado y no es de graves consecuencias”, los promotores y apologistas de la planta de Abengoa y Elecnor (al parecer la CFE hace el papel de mera intermediaria, lo cual cae asimismo en el ámbito de las inconsistencias  por aclarar o ampliar, para no dejar huecos informativos), se busca minimizar un hecho: las plantas termoeléctricas son uno de los sistemas contaminantes de producción energética de mayor impacto contra el ambiente. La veintena de plantas de este tipo que operan en el país tienen las siguientes características de impacto ambiental, las cuales tendrá también la de Huexca. Señala  un reporte de impacto de las termoeléctricas de ciclo combinado (como la de Huexca, pues): “Planta de ciclo combinado. Las emisiones al aire de las termoeléctricas en general suelen ser de bióxido de carbono (CO2), bióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV). Además de gases de efecto invernadero, existe contaminación por mercurio y arsénico, entre otros. Estas sustancias, cuando son emitidas al aire, a largo plazo pueden causar problemas respiratorios, irritación en piel, ojos, nariz y garganta. El 90% de las plantas que generan electricidad en México son termoeléctricas. La mayoría son obsoletas por su antigüedad y emisiones contaminantes. Son plantas que utilizan combustóleo. Las plantas generadoras de electricidad son el sector número uno en contaminación tóxica del aire. 46 de los principales 50 contaminadores de América del Norte fueron centrales eléctricas. Es una de las causas del calentamiento global, lluvia ácida, smog y tóxicos atmosféricos”. Argumentan los defensores del proyecto que, por usar gas natural, la termoeléctrica de Huexca no tendrá las mismas condiciones de emisiones que sus similares que ya operan, pero los detractores advierten que el calor generado para mover las turbinas, el riesgo implícito del gasoducto y las torres de alta tensión se suman para crear condiciones de riesgo para las comunidades cercanas.
El hecho es que Huexca, otras comunidades de Yecapixtla y de pueblos de la región oriente de Morelos están divididos, unos a favor y otros en contra de la dichosa termoeléctrica. Más allá de las cuestiones ambientales, que no son menores, y de los riesgos de siniestros que nunca faltan, pese a los planes de prevención civil, queda en el aire una obligada reflexión: si la conquista de México se consumó el 13 de agosto de 1519, cuando cayó preso el último tlatoani tenochca, Cuauhtémoc, en 2012 se concreta la reconquista energética hispana. ¡Joder!.. ME LEEN MAÑANA.