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Van tras diputado; amenazó a policías

CUERNAVACA, MORELOS.- La Fiscalía General del Estado presentó al Congreso solicitud de procedencia, o de desafuero, contra el diputado por el Partido del Trabajo (PT), Alfonso Miranda Gallegos, para procesarlo por los delitos de ultrajes a la autoridad, amenazas y delitos cometidos por los servidores públicos, en agravio de policías de investigación criminal, adscritos a la Fiscalía de la Zona Surponiente.
La petición fue hecha ayer por el titular de la Fiscalía, Rodrigo Dorantes Salgado, quien dijo que se busca que el diputado sea separado del cargo para que responda por los delitos cometidos el pasado 3 de junio del año en curso, asentados en la carpeta de investigación JO/1260/2014.
La Fiscalía esperara la respuesta de los legisladores sobre la solicitud, para después pedir a un juez que valore los elementos del delito y proceda conforme a derecho en contra del ex alcalde de Amacuzac.
Dorantes Salgado precisó que la solicitud que se entregó a la Presidencia del Congreso, a través de la Secretaría de Servicios Legislativos, incluye la narración de los hechos en los que se vio involucrado el diputado y que facilitaron la fuga del conductor de un camión torton con número de motor remarcado.
También se incluyó copia del oficio que Miranda Gallegos, valiéndose de su investidura como diputado al Congreso local, envió a autoridades municipales estatales y federales, para solicitarles facilidades para la circulación del vehículo, presuntamente robado.
El 3 de junio, el líder del grupo del PT, Alfonso Miranda, con amenazas y abuso de autoridad, impidió que elementos de la Policía de Investigación Criminal detuvieran al conductor de un camión torton, cuyo número de serie, encontraron, estaba remarcado.
Los hechos ocurrieron en la carretera Amacuzac-Michapa, cuando los policías adscritos a la Fiscalía de la Zona Sur, le solicitaron al chofer que detuviera la unidad, debido a que circulaba sin matrícula.
El titular de la Fiscalía General dijo que, al margen de la procedencia del automotor, lo que se busca castigar es el abuso de poder con el que actuó el legislador.
“Es un ultraje a la autoridad, los amenazó y ellos presentaron su denuncia”, subrayó y, agregó “es la actitud y la acción de cometer este ilícito, abusando de la investidura que tienen ciertos servidores públicos”, dijo.
El fiscal puntualizó que se trata de “un asunto jurídico, de leyes, no político, porque hay que aclarar que es una situación en la que tenemos que aplicar la ley, no importa que el funcionario tenga fuero o no”.
Rodrigo Dorantes indicó que la solicitud de procedencia no está relacionada con otras carpetas de investigación abiertas contra el legislador; son casos separados aclaró.
Precisó que no se ha procedido por los asuntos asentados en dichas carpetas debido a que las víctimas se han negado a rendir declaración.
El fiscal pidió a los diputados ser precisos, concisos y claros en la respuesta que den a la solicitud.
Añadió que la Fiscalía presentó la semana anterior un oficio de aclaración sobre la resolución que dieron a la petición de procedencia contra el magistrado Miguel Ángel Falcón Vega, por considerar que en el dictamen de improcedencia que emitió la Junta Política y de Gobierno no se apegaron a los conceptos del Artículo 40 constitucional.

Sanciones

El Código Penal dice:
Para los delitos que se le imputan al diputado, además de la respectiva multa, en pena corporal:

Amenazas: de 6 meses a 3 años de prisión.

Abuso de autoridad: de 1 a 8 años de prisión.

Delitos cometidos pr servidores públicos: 2 a 6 años de prisión.


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