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Tribunal emitirá fallo sobre el “derecho al olvido” en Google

El litigio enfrenta a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la multinacional Google sobre el "derecho al olvido" que defiende España.

El origen del proceso está en la denuncia de un ciudadano, Mario Costeja, que solicitó a Google  retirar  un anuncio de subasta pública de un inmueble  por un impago contra él y su mujer ocurrido hace 15 años.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fallará este martes sobre si el gigante de las búsquedas Google debe retirar enlaces a informaciones publicadas que algún ciudadano considere le perjudican, el llamado "derecho al olvido" en Internet.

Mario Costeja denunció que en 1998 un periódico español de tirada nacional publicó en su edición impresa, dos anuncios relativos a una subasta de inmuebles producto de un embargo derivado de deudas a la Seguridad Social, luego esta edición se digitalizó, quedando para siempre en la memoria de Internet.

En noviembre de 2009, Costeja contactó a la editorial del periódico y les explicó que al introducir su nombre y apellidos en Google, aparecía una referencia que enlazaba con las páginas del mencionado periódico que incluían los anuncios de la subasta pública.

El ciudadano alegó que el embargo estaba solucionado y resuelto desde años y que no era relevante en aquel momento.

La editorial respondió que no procedía la cancelación de sus datos y remitió un escrito a Google España para solicitar la desvinculación del nombre del ciudadano en los enlaces al periódico, y la compañía remitió al ciudadano también a Google por entender que ésta era la empresa que presta el servicio de búsqueda en internet.

Precedente de decisión no vinculante

El 25 de junio, el abogado general del TJUE Niilo Jääskinen consideró en una decisión no vinculante que Google no es responsable de los datos personales incluidos en las páginas web a las que indexa su buscador y que en la normativa europea no se ampara el derecho al olvido.

El abogado indicó que Google no tiene obligación de eliminar información legítima y legal que se ha hecho pública porque tendría una injerencia en la libertad de expresión de los editores de sitios web.

Google considera que la información que solicitan elimina son datos públicos y válidos que salieron del Gobierno originariamente.

"Si se considerase inválida, los propios responsables de la página web la retirarían, y si la información fuera difamatoria o ilegal, se dejaría de enlazar", alegaron las fuentes cercanas al caso.


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