Se suman burócratas a la lista negra

Aumenta la lista de funcionarios que pudieran tener que enfrentar responsabilidad en la comisión de delitos penales ante las denuncias presentadas por los trabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca, ya que, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, las aportaciones de los trabajadores de los ayuntamientos y del Gobierno del Estado constituyen un patrimonio de este Instituto y, al ser esta dependencia un organismo del Estado, la Procuraduría de Justicia del estado debería seguir por oficio el detrimento de su patrimonio, no necesitándose, incluso, la ratificación de la denuncia presentada por el alcalde Rogelio Sánchez Gatica.

En ese mismo sentido, 2 ex directores del Instituto de Crédito para los Trabajadores podrían tener consecuencias legales por no haber presentado las denuncias penales correspondientes, tras el fraude superior a 100 millones de pesos ocasionado a los trabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca y el SAPAC.

De acuerdo con la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, hoy le corresponde al actual director del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, Armando Sanders de Mendoza, presentar la denuncia penal por el detrimento del patrimonio de este Instituto, para no caer en la misma situación que sus antecesores, quienes violaron la ley al no hacerlo: Enrique Iragorri, quien pudiera ser acusado de omisión al no presentar ninguna denuncia en su momento, y su sucesor, Jorge Gutiérrez Vázquez, quien a sólo dos días de terminar la administración panista, presentó una demanda civil contra el Ayuntamiento de Cuernavaca.

Según marca el artículo 47 de la ley del ICTSGEM, es el director del Instituto quien tiene la obligación de representar a la institución ante toda clase de autoridades y personas de derecho público o privado con todas las facultades, aun aquellas que requieran autorización especial, que corresponden a todos los apoderados generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio en términos del Código Civil, artículo 47 y la fracción IX, que les exige presentar denuncias, formular querellas y otorgar perdón, así como ejercitar y desistirse de acciones judiciales, aun las de juicio de amparo, y al formular y absolver posiciones.

Ahora, la lista de los servidores públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca que, de acuerdo con el Código Penal para el Estado de Morelos, en su artículo 279, por la misma situación podrían haber cometido peculado, incluye no sólo al ex alcalde Manuel Martínez Garrigós y al actual edil, Rogelio Sánchez Gatica, sino que anexa a los ex oficiales Mayores César Cruz, Jorge Arturo Olivares Brito y a José Deguer Rodríguez Clavería; incluyendo los tesoreros Araceli A. González Verazaluce y Javier Nava Castillo, ya que, según el mencionado artículo 279, comete delito de peculado el servidor público que, para usos propios o ajenos, distraiga de su objetivo dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a los poderes, dependencias o entidades a que se refiere el artículo 268 de este código, o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa.