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A prisión, vía el desafuero

CUERNAVACA, MORELOS.- El miércoles, el Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito del Consejo de la Judicatura Federal ordenó la aprehensión del ex alcalde de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós; del ex secretario municipal, Rodrigo Gayosso Cepeda, y la ex tesorera, Araceli González Verazaluce, quienes laboraron con él durante la administración 2009-2012.
En su calidad de presidente municipal de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós suspendió de manera unilateral, en agosto de 2010, el servicio de recolección tratamiento y disposición final de la basura a la empresa Promotora Ambiental S.A. (PASA), que llevó a los representantes legales de la empresa a pasar el asunto a instancias judiciales.
Un Juez Federal otorgó a PASA la suspensión provisional y ordenó a Martínez Garrigós restituirle sus derechos sobre la concesión; sin embargo, el ex alcalde lo pasó por alto y otorgó el servicio a otras empresas, por lo que fue declarado en desacato.
Lo anterior lo coloca como probable responsable en el delito previsto en el Artículo 206 de la Ley de Amparo y sancionado por el numeral 215, fracción III del Código Penal Federal.
Entre dos y cuatro meses podría tardar la declaración de procedencia o desafuero en contra del diputado local y ex alcalde de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, luego de que el Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito del Consejo de la Judicatura Federal determinó liberar una orden de aprehensión en su contra, por el desacato a una orden del Juez Federal.
Consultado sobre el particular, el abogado José Luis Urióstegui Salgado dijo que, primero, la Procuraduría General de la República (PGR) debe enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la solicitud de Declaratoria de Procedencia en contra del también presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por tratarse de un delito federal.
“En el caso de Manuel Martínez Garrigós, siendo un diputado local que tiene fuero, se tiene que hacer una petición al Congreso de la Unión, porque es un delito federal, para que, en su caso, se realice el trámite de declaratoria de procedencia y pueda actuarse en su contra”.
La legislación en este supuesto hace referencia al abuso de autoridad, y prevé sanciones de uno a ocho años de prisión, de 50 a 300 salarios mínimos de multa, y la destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar cargos o comisiones públicas.
Sin embargo, Martínez Garrigós podría ampararse en contra de esta resolución, para evitar pisar la cárcel, además de que en una eventual detención en su contra, tiene derecho a fianza hasta por 4 años, aunque el proceso continuará en su contra.

Una más...
Por otro lado, trascendió que, en su calidad de ex alcalde, Garrigós podría ser denunciado por la misma causa por la comuna capitalina.
Según señaló una fuente digna de crédito, al conocer de esta orden, el propio Ayuntamiento podría solicitar las documentales y dar vista a la Contraloría Municipal, para iniciar una denuncia por la presunta responsabilidad en que incurrió cuando fue alcalde de Cuernavaca.






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