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Pide 2 mdp un priista por 21 días de trabajo

CUERNAVACA, MORELOS.- El Congreso del Estado recurrió a la protección de la justicia federal para frenar el apetito económico del actual secretario de organización del PRI, Armando Ramírez Saldivar, quien con prácticas irregulares y la complicidad del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), pretende obtener casi dos millones de pesos de liquidación por haber ocupado tres semanas el cargo de secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios.
El área jurídica de la Cámara de Diputados informó que el Tribunal Colegiado del XVIII Circuito en el Estado aceptó la demanda de amparo, mediante la cual el Congreso solicitó la suspensión de la sentencia emitida el pasado 16 de diciembre de 2013 por el TECA a favor de Ramírez Saldivar.
El Tribunal, a cargo de María Reyna Valencia Reyes, ordenó al Congreso a pagar el laudo de un millón 880 mil 317 pesos por indemnización a priista, como resultado del juicio laboral 01/610/2009 que éste inició, tras ser destituido como funcionario.
En el amparo solicitado a la justicia federal, se dan los antecedentes de la relación laboral de Armando Ramírez con el Congreso, y se fundamentan las irregularidades del juicio que se desahogó en el TECA.

Irregularidades
La principal anomalía cometida por el TECA es que Armando Ramírez fue designado mediante decreto del Congreso, lo que lo convierte en personal de confianza y  no administrativo, por lo que el juicio laboral fue una vía inadecuada para reclamar la reinstalación; sin embargo, el tribunal lo aceptó.
Ramírez reclamó el  monto de la indemnización en una antigüedad inexistente, pues argumentó haber laborado de forma ininterrumpida del 30 de octubre de 1997, a octubre de 2009, cuando en realidad trabajó por periodos determinados en los que fue liquidado y vuelto a contratar.
Su último ingreso como personal administrativo fue en septiembre de 2006, del que se separó el 16 de septiembre de 2009; al día siguiente fue designado por decreto.
Además, el juicio fue interpuesto de forma extemporánea, el 23 de noviembre de 2009, cuando el plazo de 30 días se había agotado, no obstante el tribunal lo admitió y lo llevó a cabo con otro tipo de irregularidades de forma que se sustentan en el juicio de amparo promovido por el Congreso.
Hay confianza en que el tribunal federal conceda la suspensión de los actos reclamados por Ramírez Saldivar, a través del TECA, debido a que éstos carecen de legitimidad.
En la petición de amparo de la Cámara de Diputados se precisa que el “acto reclamado es contrario a la letras de las leyes aplicables al caso, a su interpretación jurídica y a los principios generales del Derecho”.


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