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La reforma hacendaria es una reforma social

México es un país con profundas desigualdades sociales. Hoy en día, el 45.5 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza, prácticamente el mismo porcentaje que hace 30 años. La seguridad social apenas cubre 38.8 por ciento de los mexicanos, dejando a casi 72 millones de personas sin acceso a esta protección.
Además, nuestro sistema no incluye un seguro de desempleo, lo que presiona a los trabajadores a aceptar empleos en el sector informal. Hoy, el 60% de la población que trabaja está empleada en el sector informal, donde la productividad de las empresas es hasta 45% menor que la de aquellas en el sector formal, lo que impacta a sus ganancias y a los salarios de sus trabajadores.
Para enfrentar esto retos, la capacidad del Estado ha sido limitada. Por un lado, porque no ha logrado acelerar el crecimiento económico, el cual ha sido apenas del 2 por ciento anual promedio en los últimos 30 años.
Por otro, porque los ingresos tributarios como porcentaje del PIB en México son de 13.7 por ciento, cifra menor si se le compara con el 18.4 por ciento que recaudan en promedio los países de América Latina y el 26.3 por ciento de los países de la OCDE, lo que ha limitado la capacidad de gasto en programas de beneficio social.
El bajo nivel de recaudación se explica por la complejidad del sistema tributario que dificulta el cumplimiento y por la gran cantidad de tratamientos preferenciales y regímenes que sólo benefician al 10 por ciento de la población con mayores ingresos.
Por ello, no es casualidad que la distribución del ingreso en México antes y después del pago de impuestos y de transferencias gubernamentales sea prácticamente la misma.
En este entorno, es que el presidente Enrique Peña Nieto, puso a consideración del Congreso un paquete de reformas al sistema tributario y al de seguridad social que buscan mejorar la calidad de vida de los mexicanos, a través de una red de protección social universal, y un sistema tributario más justo, simple, transparente y que promueva la formalidad.
Estas iniciativas proponen transformar el enfoque asistencial de los beneficios sociales por el reconocimiento de derechos universales. Es decir, todos los mexicanos tendrán derecho a una pensión universal para la vejez, y todos los trabajadores del sector formal contarán con la protección de un seguro de desempleo.
Estos son los primeros pasos hacia la integración de un sistema de seguridad social universal, que se completará con la propuesta que en los siguientes meses enviará el Presidente al Congreso para conformar el Sistema Universal de Salud.
Además de estos beneficios de seguridad social, la reforma dará mayores recursos para la educación, que se traducirán en escuelas de tiempo completo, en mayor cobertura de educación media superior y superior, subsidios para universidades públicas, así como un nuevo programa de excelencia académica para abatir el rezago educativo en aquellos estados con una mayor problemática.
Estos nuevos derechos sociales se propone sean financiados a través de un sistema tributario del cual destacan tres aspectos esenciales.
La reforma que propone el Presidente de la República es justa porque no afecta a los que menos tienen y pagan más los que ganan más.
Por ello, y reconociendo que, en las condiciones económicas actuales, era contraproducente gravar con un impuesto a los mexicanos que afectara su capacidad de consumo y, por ende, su bienestar familiar, se propuso mantener la tasa cero del Impuesto al Valor Agregado en alimentos y medicinas.
En cambio, se propone gravar las ganancias en bolsa y dividendos de las empresas, eliminar tres cuartas partes de los tratamientos preferenciales y casi la mitad de los regímenes especiales, así como el de consolidación fiscal.
La reforma también simplifica el pago de impuestos. Por eso, se propone una nueva Ley del Impuesto sobre la Renta que es más simple y más corta al reducirse de 299 a 186 artículos.
Además, se plantea eliminar impuestos que hacen costoso el sistema tributario como el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto sobre Depósitos en Efectivo (IDE).
Finalmente, es una reforma que promueve la formalización, ya que establece las condiciones para que los trabajadores y  las empresas tengan incentivos claros para ser formales.
Por eso, se plantea un Régimen de Incorporación para emprendedores y microempresas que deberán declarar su información fiscal, sin pagar impuestos al inicio, pero que irán asumiendo obligaciones gradualmente.
Bajo este régimen, tendrán los beneficios del IMSS con un subsidio gubernamental en el pago de sus cuotas.
Estamos seguros que con esta reforma hacendaria y a la seguridad social vamos en la vía correcta hacia un México más próspero, incluyente y justo.
(*) Secretario de Hacienda

"No es casualidad que la distribución del ingreso en México antes y después del pago de impuestos y transferencias gubernamentales sea prácticamente la misma.”
Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda


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