Garrigós busca chivo expiatorio

La Contralora municipal, Araceli González Verazaluce, protegió al ex alcalde de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, en la solicitud de iniciar denuncias ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) que hizo al edil Rogelio Sánchez Gatica, al considerar sólo a quienes en su momento fungieron como tesoreros de la comuna, sin incluir al verdadero responsable del quebranto económico, coincidieron en señalar regidores del ayuntamiento capitalino.

De acuerdo con la coordinadora de los regidores del Partido Acción Nacional (PAN), Hortencia Ortiz Bersañez, dicha petición de denuncia sólo implica a quienes considera como “chivos expiatorios”, sin llegar al fondo del asunto, que fue el crédito que adquirió Martínez Garrigós con el Banco del Bajío, sin informar cabalmente cómo y en qué fue utilizado.
“La situación actual del ayuntamiento es consecuencia de ese préstamo, la quiebra que vivimos y los posteriores débitos de 53 millones y de 300 millones son para resarcir los daños de la deficiente utilización del que se pidió al Banco del Bajío; sin duda hay un responsable, y en ese momento fue Manuel Martínez Garrigós, quien estaba al frente como alcalde”, señaló la concejal.
Su compañero de bancada, Marco Antonio Martínez Dorantes, también se pronunció a favor de una indagación más exhaustiva, “una investigación que llegue hasta la cabeza; a título personal, te informó que, por mi parte, vamos a proceder para que se finquen responsabilidades penales y administrativas al anterior alcalde (MMG) y al actual, si es el caso”, dijo.
Y es que, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LRSPEM), Manuel Martínez Garrigós puede ser sujeto de un juicio político, al ser el principal responsable del gasto que se hizo del referido crédito millonario con el Banco del Bajío, y ser quién firmó contratos con las empresas, algunas creadas a la par de su administración y otras de dudosa reputación.
 
Sanciones y delitos
El artículo 9 de la LRSPEM señala: "Los sujetos de juicio político a que se refiere esta ley serán susceptibles de responsabilidad durante el ejercicio de su encargo y hasta un año después de separarse de su empleo, cargo o comisión que les fue encomendado”, la misma ley prevé que cualquier persona puede hacer la petición, dentro de los supuestos previstos.
Uno de los supuestos en que encuadraría, lo que consideran regidores de oposición, para llamar a que el ex alcalde y el actual pudieran ser sometidos a juicio político, se encuentra en el artículo 10, fracción VII, que se refiere a “violaciones graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública municipal”.
Lo anterior, luego de que la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos establece en su numeral 42, referente a lo que no pueden hacer los presidentes municipales: “Distraer los fondos de bienes municipales para los fines a que estén destinados”, lo que se presume sucedió con el crédito de los 600 millones, que pudieron ser desviados para la precampaña de Manuel Martínez.
Sin embargo, todas estas situaciones no fueron tomadas en cuenta por la contralora municipal, que se limitó a hacer una investigación de los 53 millones con Padimex y los 300 millones con BBVA Bancomer, pero no atiende a la causa de origen, lo que ha sido considerado por regidores de todas las fuerzas políticas como una omisión que encuadraría en el posible delito de encubrimiento.
El presidente municipal, de acuerdo con la misma Ley Orgánica, es el representante político, jurídico y administrativo del ayuntamiento, además de que entre sus facultades está nombrar al Tesorero municipal. Y al estar éstos involucrados en el mal manejo de recursos, correspondería responsabilidad también para Martínez Garrigós y a Sánchez Gatica,
“Nosotros vamos a seguir este asunto hasta sus últimas consecuencias; incluso pediremos que esas denuncias sean ampliadas y que incluyan a la contralora, pues una de sus funciones es vigilar, siempre, la correcta aplicación de los recursos y no sólo cuando se le pida; además de que pediremos que se investigue todo lo relacionado con el crédito de los 600 millones”, expuso la coordinadora de los panistas en la comuna.
Estas anomalías se dan en el marco del proceso de la comisión de enlace de entrega-recepción del ayuntamiento capitalino, lo que implicaría que, de no ser atendida y pedir castigo para todos los responsables, iniciando por las cabezas, dejarán con un limitado margen de maniobra al alcalde electo, Jorge Morales Barud.