Estancado, caso Jethro a un año

Un 10 por ciento de justicia es lo que se ha logrado en el caso de la desaparición forzada y muerte de Jethro Ramsses Sánchez Santana, puesto que, de la posible participación de 40 personas que podrían estar sujetas a proceso, a un año de lo ocurrido, solamente 4 están bajo investigación.

Así lo dio a conocer el abogado de la familia, Cipriano Sotelo Salgado, durante su intervención en el homenaje que se realizó en el Congreso del Estado en memoria de Jethro, tras haberse cumplido un año de que el joven fuera detenido en las afueras de la Feria de Cuernavaca por elementos municipales.
 “Las investigaciones en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado no avanzan en relación a la probable responsabilidad penal de los ocho elementos de la policía preventiva que hacen, injustificadamente, la detención de Jethro Ramsses, eso, en términos del Código Penal del Estado de Morelos, se llama privación ilegal de la libertad”.
Precisó que la delegación en Morelos de la Procuraduría General de la República (PGR) ha mostrado pasividad al querer ocultar la posible responsabilidad de los miembros de la policía federal, y ocurre una situación similar con la Procuraduría General de Justicia. Jethro fue detenido el 1 de mayo de 2011 en la Feria Cuernavaca y, posteriormente, entregado a elementos del Ejército, quienes, presuntamente, lo asesinaron a golpes en las instalaciones de la 24ava. Zona Militar y lo enterraron de manera clandestina en un predio ubicado en Atlixco, Puebla.

Piden reparar los daños
El Congreso aprobó un acuerdo parlamentario para exhortar al Gobierno del Estado y de Cuernavaca a acatar la recomendación que les hizo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) para reparar el daño y cumplir con la impartición de justicia, tras la desaparición forzada de Jethro Ramsses Sánchez Santana.
Sobre el caso Jethro, desaparecido el 1 de mayo del año pasado y posteriormente asesinado por elementos del Ejército, la CDHEM emitió el 30 de agosto la recomendación 165/2011-1 por el concepto de violación a los derechos humanos, desaparición forzada o involuntaria de persona, por personal de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano y otros servidores públicos.
Ayer, las diputadas Jessica Ortega, Karina Barreto y Adriana Mújica impulsaron el punto de acuerdo.