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Demanda al SAPAC y ahora lo defiende

CUERNAVACA, MORELOS.- El titular de la Unidad Jurídica del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), Javier Rosales Bahena, podría estar involucrado en un conflicto de intereses, después de que, como abogado litigante, representó a tres ex empleados que demandaron al organismo el pago de su indemnización, que el propio funcionario expuso como despido injustificado.
En conjunto, a través de quien fue, o es, por medio de su despacho, abogado de los ex trabajadores Juan Carlos Beltrán Todo, Óscar Ramón Loyola Bonfil y Óscar Arturo Ibarra Solano, estaría solicitando pretensiones de pago de más de un millón de pesos al ente descentralizado del Ayuntamiento de Cuernavaca, al que ahora representa jurídicamente.
Y es que a pesar de que Javier Rosales Bahena, habría renunciado a representar a los demandantes, al asumir el cargo de titular de la Unidad Jurídica del SAPAC, en diciembre del 2013, por los servicios prestados estaría recibiendo el pago de sus honorarios por el tiempo que se desempeñó como su abogado patrono.

Juez y parte
Llama la atención que ya siendo representante del SAPAC, mediante un oficio que envió el 8 de enero de 2014, al director de Administración y Finanzas del organismo, Fernando Álvarez Gánem, en la redacción del mismo parece más obedecer a continuar en la defensa de quienes fueron sus representados, que a la que le corresponde realizar en favor del ente descentralizado.
“Le envío recordatorio sobre el oficio (…) de fecha 11 de diciembre de 2013, toda vez que hasta la fecha no se ha dado respuesta alguna, por lo que le solicitó que en un término de 24 horas, remita a esta Unidad Jurídica la actualización de la cuantificación de los finiquitos que les corresponden hasta el día de hoy a los trabajadores de SAPAC (…).
Menciona los nombres de sus antes representados, y luego agrega: “En virtud de que se encuentran cercanas las fechas de audiencia de las personas antes mencionadas”.

Se llevaríapor
el caso 250 mil pesos
En el medio de abogados laborales, se sabe que, de la cantidad que logre un litigante ganar, le corresponde entre un 25 o 30 por ciento, por lo que, Javier Rosales Bahena, por sí, o a través de sus despacho o asociados, podría obtener del SAPAC alrededor de 250 mil pesos por la defensa de estos tres ex empleados, a cargo del erario del organismo descentralizado de la comuna.


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