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Dan capitalinos no al ‘tarifazo’

CUERNAVACA, MORELOS.- Las autoridades del Ayuntamiento de Cuernavaca podrían incurrir en el delito de concusión, por exigir a los ciudadanos el pago de impuestos no autorizados por el Congreso del Estado.
La advertencia la hizo el abogado Juan Juárez Rivas, al acudir ayer a la Cámara de Diputados a hacer del conocimiento a los legisladores de la situación que priva en la Tesorería municipal, en donde el personal no sólo está haciendo efectivo el aumento que se aprobó a los servicios públicos municipales, sino un ajuste, con una diferencia importante en el cálculo del impuesto predial.
De acuerdo con el Código Penal Federal, en su artículo 218, comete el delito de concusión, “el servidor público que con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija, por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la ley”.
El grupo de inconformes –que acudió en busca de los integrantes de la Diputación Permanente- fue atendido por el diputado Roberto Yáñez Moreno, del PSD –en ausencia de los primeros-.
De manera exclusiva se refirieron a los montos del impuesto predial, con lo que consideran un aumento de 300 por ciento y más, en relación a lo que pagaron en 2013.
Alterados por la situación, los manifestantes –que hablaban al mismo tiempo- exigieron a los congresistas que intervengan para que, por principio de cuentas, el Ayuntamiento de Cuernavaca aclare a qué responde el incremento.
Una afectada dijo que recibe tres mil pesos de pensión y está obligada a pagar 2,500 pesos de impuesto.
De acuerdo con la Ley de Ingresos de Cuernavaca 2014, el único aumento autorizado fue para servicios públicos municipales; la misma autoridad señaló que no hay aumento en el predial; sin embargo, la incertidumbre permanece por la diferencia en los recibos de los años 2013 y 2014, para quienes ya cumplieron con la contribución.
Juárez Rivas no descarta que detrás del “ajuste” esté la aplicación de la Tabla de Valores Catastrales –aprobada en 2007 y publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad el 18 de junio de ese mismo año-.
Pero el municipio comete un error al aplicarlas sin hacerlo del conocimiento de los ciudadanos.
El presidente de la Mesa Directiva, Juan Ángel Flores Bustamante, se comprometió a recibirlos hoy a las 12 horas y, de ser necesario, promover ante la Diputación Permanente un exhorto para que el presidente municipal explique el origen de la diferencia del importe del impuesto.


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