Cargos y montos, detenida y... ¡libre!

Cuernavaca, Morelos.-  La detención y puesta a disposición ante las autoridades judiciales de la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, reactivó la expectación entre la ciudadanía de esta capital, para que se proceda en términos similares en contra del saqueo que sufrió el municipio y que apuntan a una presunta responsabilidad del ex alcalde Manuel Martínez Garrigós.
A Gordillo Morales se le acusaba, hasta el cierre de esta edición, de distraer para su beneficio personal al menos 2 mil 600 millones de pesos del sindicato magisterial; sobre el ex edil capitalino pesa la sospecha de un manejo inadecuado de mil 400 millones de pesos, incluidos recursos federales del ramo 33, que tendría que ser investigado por la Procuraduría General de la República (PGR), situación que a la fecha se encuentra en revisión interna a cargo de la actual administración municipal que preside Jorge Morales Barud.
Sin embargo, de acuerdo con la contralora municipal Karla Aline Herrera Alonso, de las revisiones que se realizan podrían derivarse actos constitutivos de sanciones administrativas, civiles y penales, las que alcanzarían al ex alcalde Manuel Martínez Garrigós, ya que las acciones u omisiones que pudieron representar delitos por daños a la comuna, prescriben a los tres y cinco años, tratándose de acciones o delitos considerados como no graves y graves, respectivamente.
En la acción judicial ejercida en contra de Elba Esther Gordillo se le atribuye delincuencia organizada y el uso de recursos de procedencia ilícita, contemplados en el Artículo 2, fracción primera de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el 400 bis del Código Penal Federal.
El juez a la cual fue remitida consideró que se cumplieron los preceptos de que existió la participación de tres o más personas en los ilícitos, y que se utilizaron recursos derivados de la comisión de algún delito y no puede acreditarse su legítima procedencia.
Si derivado de las denuncias ya interpuestas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) por el ex alcalde Rogelio Sánchez Gatica y por trabajadores sindicalizados del municipio, por el robo de sus aportaciones al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (ICTSGEM) y de las que pudieran interponerse de las revisiones actuales a las finanzas de Cuernavaca, resultara responsabilidad del ex edil Martínez Garrigós y/u otros, se podría equiparar a lo que se le imputa a la líder de los maestros.
El párrafo sexto del Artículo 400 bis del Código Penal Federal, a la letra dice: “(...) Se entiende que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia”.
Acorde a las observaciones realizadas hasta el momento por la actual administración municipal, se tiene la presunción de irregularidades en el manejo de los créditos bancarios por más de mil millones de pesos, pagos a proveedores por obras no realizadas, deudas por arrendamientos financieros (luminarias), manejo de cuentas bancarias y de recursos federales etiquetados del ramo 33, entre otras.
De no solventarse y comprobar su correcta aplicación, dadas las evidencias físicas y documentales, serán objeto de sanciones administrativas, demandas civiles y denuncias penales que pondrían al ex edil Manuel Martínez Garrigós a un paso de prisión, si decide enfrentar los procesos sin la protección del fuero del que goza como diputado local.