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Advierten castigo a quienes alteren precios en general

CUERNAVACA, MORELOS.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) impondrá multas de hasta 3 millones 600 mil pesos a las tiendas de autoservicio, departamentales y de conveniencia que generalicen en carteles sobre aumentos a alimentos y bebidas con alto contenido calórico, u otros productos, al considerar que esto representa un engaño para la población.
Lo anterior derivado de que, principalmente en redes sociales, se publicaron los anuncios ubicados en esos establecimientos haciendo alusión a los aumentos, sin especificar que no todos sufrirán los ajustes establecidos en la Reforma Hacendaria que entró en vigor ayer.
Sin embargo, en por lo menos un establecimiento de una gran cadena comercial ubicada en la avenida Morelos Centro, se podía leer en una cartulina sobre modificaciones en sus precios, haciendo alusión que algunos, sin especificar cuáles, podrían sufrir una variación a la hora de llegar a cajas, al no haber actualizado sus precios en las etiquetas de sus productos.
De acuerdo con la Profeco, se ha procedido a retirar esos carteles, señalando que no se debe generalizar el alza por que confunde a lo población, ya que la obligación de las tiendas es informar sobre los productos que estarán sujetas a las nuevas tasas del Impuesto al Valor Agregado y del nuevo Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
La  Profeco informó que no todos los alimentos con alto contenido sufrirán un incremento, y que sólo se limita a las bebidas que contengan azúcar, quedando exentas las que utilicen otro tipo de saborizantes.
La comida chatarra si está considerada con aumento por su alto contenido calórico; mientras que las bebidas alcohólicas con más de 14 grados de alcohol no deben ver incrementado sus precios, pues se mantiene la misma tasa del IEPS del 2013.
En el caso de otros alimentos de primera necesidad y de la leche, aunque esté saborizada, estos no sufren incrementos, por lo que la Profeco llamó a los ciudadanos a denunciar cualquier abuso en las oficinas de cada estado, para proceder a sancionarlos de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor.


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