Cuernavaca, Morelos.- El presidente de la Junta Política y Gobierno, Juan Ángel Flores Bustamante, señaló que el Congreso no protegerá a nadie; pero para iniciar un procedimiento de desafuero contra uno de sus integrantes, primero deben existir los elementos que lo justifiquen.
En el caso concreto de Alfonso Miranda Gallegos, Flores Bustamante aseguró que al Congreso no le corresponde actuar a petición de parte, sino a una autoridad que tenga facultad para hacerlo.
“La que tendría que solicitarlo –el desafuero- sería la Procuraduría General de Justicia, después de hacer la investigación y tener las pruebas de responsabilidad, de ser el caso”, señaló.
El perredista agregó que la Cámara de Diputados no tiene ninguna petición en ese sentido de carácter oficial, ni ningún documento que hable sobre indicios que apunten al legislador como responsable de algún acto ilícito.
Miranda Gallegos fue denunciado penalmente por el alcalde del Verde Ecologista, Noé Reynoso Nava, de haberlo amenazado de muerte el pasado 23 y 24 de diciembre de 2012 y, después del asesinato del jefe de la policía municipal de Amacuzac, Justo Buenaventura, el 4 de enero de este año, a sólo 72 horas de haber protestado en el cargo, los vecinos del municipio se encargaron de señalarlo como el responsable de la muerte del jefe policiaco y uno de sus escoltas.
Al respecto, el presidente de la Junta Política agregó que estarán atentos al curso de la investigación de la PGJ.
Añadió que el diputado del PT Alfonso Miranda se deslindó de las acusaciones y le dijo que está dispuesto a colaborar con el Ministerio Público en la indagatoria para esclarecer el doble asesinato.
"La que tendría que solicitarlo –el desafuero- sería la Procuraduría General de Justicia, después de hacer la investigación y tener las pruebas de responsabilidad, de ser el caso."
Juan Ángel Flores , presidente de la Junta Política y Gobierno del Congreso
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